Las principales centrales obreras CGT y CTA calificaron la propuesta como ”absurda” y le advirtieron que ningún trabajador se iba a quedar sin salario porque es simplemente ilegal. Desde el Ministerio de Trabajo rechazaron cualquier sanción contra trabajadores.

Sin embargo, las provincias de Córdoba y Jujuy encontraron la forma de que la propuesta no solo se aprobara sino que contara con aval de sindicatos.

En Córdoba, el gobierno del peronista disidente Juan Schiaretti, otorga licencias obligatorias y sin percepción de haberes a las y los empleados públicos mayores de 60 años, que integran los grupos de riesgo por comorbilidades, que no hayan querido recibir la vacuna contra el coronavirus.

La decisión alcanza al personal administrativo y también a los docentes. La sorpresa, en un contexto en el que los gremios están exponiendo un paraguas general, es que la medida recibió el respaldo del sindicato mayoritario de maestros cordobés, la UEPC. ”Es una medida sensata”, consideró Oscar Ruibal, su secretario General.

Un dato no menor es que la provincia del centro cuenta con considerables grupos ”antivacunas”. En julio, un 59% de la población de Córdoba no estaba inscripta para recibir la vacuna. Hugo Pizzi, infectólogo cordobés y asesor sanitario de gobierno provincial afirmó en ese momento a Ámbito Financiero que ”hay un grupo que se niega desde el principio, ya sea por temor, desconocimiento o ignorancia”.

En el caso de Jujuy, tierra gobernada por el radical Gerardo Morales, ante el avance de la variante delta del coronavirus se resolvió exigir la vacunación obligatoria para los trabajadores públicos.

La medida se ejecutó a través de un decreto. Aquellos estatales que no puedan acreditar su inoculación o justificar la determinación de no aplicarse las dosis serán considerados ausentes, con la pérdida de remuneración.

”No habrá norma general”

Mientras tanto, la UIA juega sus cartas e impulsa públicamente una medida que le permitiría al sector privado despedir, sancionar y dejar sin salario a trabajadores con la excusa de impulsar la vacunación.

A esto, altas fuentes del Ministerio de Trabajo de la Nación encabezado por Claudio Moroni aseguraron a InfoGremiales que van a rechazar cualquier sanción a trabajadores: ”No habrá norma general. No hay nada que discutir al respecto”.

Las declaraciones fueron respaldadas este viernes por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien sostuvo que ”no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas”. Además recordó que la vacunación contra el Covid-19 tiene carácter de optativo.

Inicialmente la intención era discutir el tema de la presencialidad laboral y las vacunas en el Consejo Federal del Trabajo, con todos los ministros de Trabajo del país. Pero las declaraciones de Funes de Rioja cambiaron el eje del debate y evalúan la intencionalidad política del dirigente empresario de generar un conflicto que ”no existe”.

En palabras de Héctor Daer, ”faltarán días para que la vacuna termine siendo universal y ahí se acaba todo esto. La sociedad argentina no es como la estadounidense producto de un individualismo absurdo en que la mitad se vacuna y la otra mitad no. Acá, la militancia que va tocando timbres y generando consciencia va a hacer que la población se vacune”.

De ahí que no habrá una norma general, la proporción de personas que se rehúsan a vacunarse no es significativa a nivel nacional.