Distribuidora Lactres, una empresa mayorista y minorista de alimentos con base en Tres Arroyos, entró en concurso preventivo después de que la suspensión del programa MESA de la Provincia de Buenos Aires provocara la pérdida de cerca del 50% de su facturación promedio mensual. El pedido fue presentado el 15 de mayo de 2026 por su presidente, Franco Vitali, y el Juzgado Civil y Comercial N°1 de Tres Arroyos decretó la apertura del concurso el 17 de junio, en el expediente «Distribuidora Lactres SA s/ Concurso Preventivo (Grande)».

La empresa denunció un pasivo de poco más de $5.600 millones al momento de solicitar el concurso, aunque los datos del sistema financiero de junio de 2026 elevan la deuda a unos $7.665 millones entre bancos, sociedades de garantía y otras entidades. Las principales entidades financieras concentran una parte importante de esa deuda: Banco Provincia reclama $1.431 millones, Galicia $1.328 millones, Santander $718 millones, Macro $630 millones y Banco Nación casi $302 millones. La situación crediticia de la firma ya mostraba señales de deterioro, con varias obligaciones clasificadas en situaciones 2 y 3.

El origen de la crisis se remonta a comienzos de año, cuando los Consejos Escolares comenzaron a informar que la Provincia había dejado de transferir fondos para cubrir las obligaciones con los proveedores de los programas licitados. Para sostener el funcionamiento, la distribuidora recurrió entonces a financiamiento bancario en Galicia, Banco Provincia, Macro, Comafi y Nación. El golpe se profundizó en abril, cuando la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense formalizó la suspensión del programa MESA por 90 días, que luego fue extendida hasta el 31 de enero de 2027, lo que representó una pérdida de ingresos futuros equivalente a cerca del 50% de su facturación mensual.

La compañía sostuvo que, mientras esperaba los fondos, priorizó el pago de salarios y proveedores, pero la caja comenzó a quedar comprometida. Los préstamos tomados para cubrir el bache financiero tenían costos que la empresa ya no podía absorber, y las refinanciaciones ofrecidas por los bancos implicaban una carga demasiado elevada. La crisis generó 140 cheques rechazados por más de $1.130 millones y una deuda con proveedores que incluye a Cremigal ($303,5 millones), Molinos Tres Arroyos ($106,7 millones) e Inalpa ($92,4 millones), entre otros. La empresa declaró 43 empleados y busca ahora reordenar el pasivo para mantener la actividad en marcha, en un contexto donde el programa MESA, definido por la Provincia como excepcional y complementario, sigue suspendido hasta enero de 2027.