Mientras el Congreso debate lo que quedó de la llamada Ley Ómnibus, luego de que el propio Gobierno quitó varios artículos polémicos y que la Justicia le pusiera un cepo a varias medidas de la norma, el presidente Javier Milei debe enfrentar además otros frentes polémicos también vinculados a decisiones que pretende tomar para pasar de una economía regulada a otra de libre mercado sin términos medios.

Un caso que preocupa es el de la obra pública que el ex presidente Alberto Fernández, en especial el ex ministro de Economía, Sergio Massa, transformaron en un bastión de sus políticas con el supuesto objetivo de consolidar proyectos estratégicos que generen condiciones para el crecimiento y apunten a equilibrar el desarrollo productivo y social.

Durante la campaña electoral, el propio Milei ya había anticipado que se modificaría radicalmente el desarrollo de la obra pública dejando el Estado de financiar los proyectos que pasarían a riesgo de las propias empresas contratistas con el objetivo de reducir el déficit estatal.

Sin embargo, la decisión marcó un quiebre en la relación con las constructoras que, agrupadas en la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), acaban de iniciar una batalla con la conducción libertaria.

Gravedad "extrema"

El sector, a través de su Consejo Federal, mantuvo un masivo encuentro durante la mañana de este jueves 1 de febrero para alertar sobre la parálisis de las obras y el riesgo que supuestamente corren 500.000 puestos de trabajo debido a las medidas dispuestas por el Gobierno.

Según informe difundido por CAMARCO, en la actualidad existen cerca de 3.500 proyectos en ejecución que se encuentran paralizados y que ponen en riesgo la actividad de 1.400 empresas asociadas.

Los representantes de estas empresas hablan de una situación "de extrema gravedad" debido al freno de los emprendimientos, el retraso de los pagos, el impacto de la elevada inflación y las altas tasas de interés.

Una ecuación que, sostienen, "pone en riesgo la continuidad de muchas empresas, con la pérdida no sólo de capital sino también de los conocimientos productivos que ello implica, y el consecuente impacto sobre el empleo".

En ese marco, y después de varias horas de debate, el sector declaró el Estado de Emergencia en todo el país por "la excepcional gravedad de la situación de la actividad de la construcción".

Efectos irreversibles

La cámara empresaria reclamó además a las autoridades nacionales y provinciales una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados.

Los Consejeros presentes en el encuentro plantearon los problemas que enfrentan, muchos de carácter terminal; y emitieron una cruda declaración en la que señalaron que, "de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general".

La declaración rechaza que se dilapide "un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses".

Advierte que dicho estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica.

"El país todo vive un estado de emergencia económica y social que ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos", detalla el documento de CAMARCO.

Señala también el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores, "todo lo cual es inminente porque el sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones".

Medidas para mitigar el impacto

Por ello, el Consejo Federal de la cámara instruyó a las autoridades de la institución a nivel nacional y de las distintas delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, en brevísimo plazo, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda.

Asimismo, le reclamó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector.

Según el escrito, "se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos".

Pesada herencia

La decisión del gobierno libertario en el caso de la obra pública fue la de desmantelar de manera inmediata el plan "Argentina Grande" que el ex Ministerio de Obras Públicas kirchnerista había puesto en marcha con un alcance federal, con con 5.000 obras públicas y 979 proyectos distribuidos en todo el país.

Con ese plan, el anterior gobierno se proponía, supuestamente, transformar la matriz de desarrollo productivo del país, con obras estratégicas que impulsen la creación de empleo y generación de divisas.

Asimismo, buscaba promover un aprovechamiento racional de los recursos y poner en valor las capacidades del territorio y de la población, creando las condiciones necesarias para reactivar la economía en los centros urbanos y en las zonas rurales del país.

La iniciativa iba también a impulsar una redistribución regional de las oportunidades, para disminuir las inequidades y brechas existentes y concretar la inversión nacional en las zonas más rezagadas.

En ese marco, se habían presentando 120 grandes obras y proyectos estructurales de las cuales 48 eran de infraestructura vial, 55 hídricas y de saneamiento, y 17 de infraestructura rural, urbana y del cuidado.

En este contexto, el kirchnerismo había utilizado en el 2021 algo más de $505.633 millones para financiar estas obras, cifra que fue un 278% superior al ejecutado en 2019 de $133.031 millones o del 0,92% de PBI.

El año pasado, ese monto se incrementó en un 633% para 2023, comparado con el presupuesto ejecutado en 2020 y fue de $923.684 millones para financiar 5.408 obras vigentes y otros 883 proyectos a nivel país.