Este organismo, que depende del Ministerio de Seguridad, es el encargado de organizar y controlar la política de gestión de las normas que rigen en materia de seguridad privada, así como coordinar el control del cumplimiento de las normas que regulan a las empresas de la actividad y aplicar el régimen de infracciones y sanciones.

El encuentro que se dio cita en la ciudad de las diagonales, fue en el marco de acercar posiciones con el reciente designado director a fin de llevar propuestas que tiendan a regularizar la situación de las empresas de seguridad que operan con habilitaciones parciales o nulas tales como las garitas instaladas en la vía pública, las empresas que operan en el ámbito de los estadios de fútbol y eventos masivos, entre otras.

El proyecto del Bloque Nacional es generar con el organismo encargado de regular a las empresas, una sinergia de trabajo que logre destrabar una de las patas defectuosas que tiene la actividad.

Según el propio Ministerio de Seguridad, actualmente en la provincia de Buenos Aires existen cerca de 550 empresas de seguridad privada habilitadas y extraoficialmente se estima que existe una cantidad similar que operan sin los requisitos mínimos para hacerlo. La mayoría de las infracciones van desde cuestiones administrativas, tales como el atraso en el pago de tasas, falta de registración de empleados, falta de cursos a los vigiladores, infracciones en los uniformes y vehículos, equipos de comunicación sin declarar, entre otras cosas.

Las sanciones son escalonadas y se aplican según las infracciones:  desde multas económicas a inhabilitaciones temporales o permanentes.

El caso más resonante del último tiempo ocurrió en septiembre de 2021 cuando una multinacional de capitales suecos se encontraba prestando un servicio en el Parque Industrial de Cañuelas sin haber comunicado en tiempo y forma la celebración del contrato de prestación de servicio, con equipos de comunicaciones y personal no declarados ante el organismo contralor. La multa ascendió a más de $ 2.000.000 y fue suspendida por 10 días para operar.

“La precarización que afrontan los trabajadores de seguridad privada se combate con un trabajo en conjunto con los organismos del Estado encargados de fiscalizar a las empresas. Esta tarea de cooperación, debe tener como eje principal un gremio que denuncie y un estado que actúe ante los incumplimientos de las prestadoras de seguridad privada” expresaron desde el Bloque Nacional.