María Cafferata

“Está bien, ¿pero cuál es su propuesta? ¿Es solo oponerse?”, inquirió el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuando uno de los embajadores de la CGT se reunió con él para convencerlo de no acompañar la reforma laboral de Javier Milei. Una impugnación, sacada del libreto del oficialismo, con la que el sindicalismo se tropieza cada vez que se reúne con los dueños de los votos que definirán el futuro de la ley. Los encuentros son informales y se repiten hace semanas: un ejercicio dual de la diplomacia -ya que hay sindicalistas que dialogan casi diariamente con Santiago Caputo- con el que la CGT pretende condicionar la reforma laboral antes de que llegue al recinto.

El entusiasmo que imperó en la CGT tras el postergamiento del tratamiento de la reforma laboral duró poco. Los sindicalistas todavía estaban festejando haberle torcido el brazo a Patricia Bullrich, quien tuvo que patear el debate para febrero debido a la ausencia de votos, cuando la sanción del Presupuesto en el Senado cambió el escenario. Los 46 votos a favor que había sacado el oficialismo, con ayuda del peronismo, despertaron las alarmas. El Gobierno había demostrado que, si se esforzaba en negociar con las provincias, podía avanzar con sus reformas.

Para el peronismo, que viene encabezando la estrategia legislativa contra la reforma laboral, fue una señal de alerta. Pero para gran parte de la CGT fue la confirmación de una sospecha previa. Esto es: que el Gobierno logrará imponer una reforma laboral y que el verdadero desafío será depurarla de sus puntos más conflictivos, que refieren a la supervivencia de los sindicatos. 

Doble ventanilla

El triunvirato de la CGT, compuesto por Cristian Jerónimo, Octavio Arguello y Jorge Sola, definió encarar una estrategia dual. Puertas para afuera, endurecer la postura y sostener el enfrentamiento público con el Gobierno. Marchas, declaraciones y amenaza de paro general. Todo mientras, puertas para adentro, se sostiene el canal de negociación con Casa Rosada. Es allí donde la CGT buscará desactivar los artículos que van en contra de los derechos colectivos que sostienen el modelo sindical argentino. 

Postales de la marcha del 18 de diciembre. Presiones internas para convocar a un paro general. NA

La CGT tiene un listado de preocupaciones, que sus interlocutores en el Gobierno conocen de memoria. El foco de conflicto es el que tiene que ver con el desfinanciamiento de los sindicatos, escondido detrás de las trabas al cobro de las cuotas solidarias y de afiliación. La CGT logró negociar, vía intermediación con Santiago Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, la remoción del artículo que eliminaba la obligatoriedad de las cuotas solidarias. Pero fue un triunfo a medias, ya que, oculto en el proyecto, Federico Sturzenegger, el “policía malo” del Gobierno, había logrado salirse con la suya. 

Son dos puntos. El primero es el que refiere a la limitación de la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos. Es decir, que obliga a los gremios a pactar año a año las cuotas solidarias que pagan los trabajadores no afiliados, claves en el financiamiento de la mayoría de los sindicatos (no así de aquellos gremios que tienen al grueso de los trabajadores de su actividad afiliados). El otro punto, mientras tanto, es el que elimina la obligatoriedad de que los empleados sean los agentes de retención de las cuotas de afiliación. Este cambio no plantea que las cuotas dejan de ser obligatorias, pero sí supone trabas y demoras en la recaudación.

Otro de los puntos de conflicto tiene que ver con los límites a la acción gremial y el ejercicio del derecho a huelga. La reforma laboral de Milei plantea una ampliación del listado de “actividades esenciales” y de “actividades de importancia trascendental” que supone, en la práctica, una ampliación de los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en casos de huelga. 75% en el caso de las actividades esenciales, que incluye la actividad docente, y 50% en el caso de las de importancia trascendental, que incluye casi todos los servicios. 

El asesor presidencial, Santiago Caputo, tiene un diálogo abierto con la CGT NA

Otra de las obsesiones de la CGT está relacionada a la primacía de los convenios por empresa por sobre los de actividad. Para la central gremial este punto es innegociable, ya que implicaría la pérdida de una de las principales bases del sindicalismo argentino. En el Gobierno lo saben, y existe una disputa interna respecto hasta qué punto tensionar con la CGT. La incógnita es a quién escuchará Karina Milei, quien cerró el año tensionando aún más la interna que tiene con Santiago Caputo. 

En la CGT esperan que prevalezca la línea del caputismo, con quien mantienen un diálogo casi cotidiano. Nunca dejaron de hablar, ni con Gerardo Martínez (UOCRA) ni con los triunviros de la CGT. “Los consensos hay que construirlos. Es lo que venimos diciendo desde el principio y el Presupuesto lo demostró”, se jactó uno de los referentes del caputismo que dialoga con los sindicatos. 

Objetivos de máxima y de mínima

El objetivo principal, insisten los dirigentes sindicales y las principales figuras del peronismo, es boicotear la reforma laboral. Toda la reforma laboral. Los discursos y comunicados y medidas de fuerza estarán orientados en este sentido. Dentro de la misma CGT, incluso, hay un ala dura que presiona para avanzar con un paro general. Los sectores más alineados con el kirchnerismo, como Abel Furlán o Sergio Palazzo, y también las centrales sindicales que no se encuentran alineadas con la CGT, como la CTA de Hugo Yasky. 

“Hay algunos que creen que se puede conversar con tu verdugo. Funcionó con Tetaz, pero acá la negociación es para que no pase todo (el proyecto). No sé si hoy pueden hablar por el conjunto. La lógica más fuerte hoy es que hay que endurecer”, desliza un dirigente que integra el ala dura de la CGT, recordando cuando la CGT negoció con el Gobierno para que no le dieran quórum al diputado radical Martín Tetaz cuando quiso ir, en la comisión de Trabajo, contra la reelección indefinida de los jefes sindicales. 

La interna no está solo en el Gobierno, sino también en la propia CGT. No todos están de acuerdo con la lógica de reducción de daños, aunque hay una mayoría que pronostica que el Gobierno tendrá los votos y que, por lo tanto, hay que encarar una estrategia legislativa que contemple un Plan B. Y tanto para un objetivo como para el otro, la clave estará en los gobernadores. 

Reunión de los triunviros de la CGT junto a los gobernadores de Provincias Unidas CGT

Las conversaciones comenzaron hace más de un mes y, si bien muchas fueron de carácter institucional -con foto y comunicado-, la mayoría se dieron a puertas cerradas. La CGT, en las últimas semanas, se reunió con casi todos los gobernadores. Muchos de los encuentros fueron a través de enlaces locales, con referentes sindicales que conocen la provincia y tienen buen diálogo con los gobernadores. “Todo el que tiene cercanía con un gobernador o un legislador se contacta”, explica un dirigente sindical al tanto de la estrategia. 

El diálogo es con todos, incluso radicales como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o ex macristas como Ignacio Torres (Chubut). Muchos, como Llaryora, los cruzan con la necesidad de una contrapropuesta. Pero muchos, advierten sindicalistas que participaron de las charlas, fueron receptivos. 

La expectativa es sumar como aliados a todos los gobernadores del peronismo, incluso aquellos que estan peleados con Cristina Fernández de Kirchner y votaron, hace más de una semana, el Presupuesto 2026. Es el caso de Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Pero también de otros gobernadores filo peronistas ajenos al ecosistema kirchnerista que trabajan muy cerca del Gobierno, como Hugo Passalacqua (Misiones) o Claudio Vidal (Santa Cruz).

“La reforma laboral no es el Presupuesto, tiene otra carga simbólica. Hay que ver quien quiere poner la cara cuando llegue el momento”, advierten en la CGT. Esperan contar con sus votos, ya sea para voltear la ley o, de mínima, para depurarla.