Los cierres paritarios cercanos al 45 por ciento de aumento salarial en organismos públicos nacionales como Pami, Congreso, Anses, Télam, marcan un cambio de tendencia en la decisión política del Estado a favor de impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras registrados. Esto sumado, por supuesto, a la capacidad negociadora de las conducciones sindicales de cada una de estas áreas.

A fines de diciembre último, la vicepresidenta explicó la necesidad de alinear salarios y precios, y de evitar que el crecimiento económico que llega, se lo apropien unos pocos empresarios concentrados.

Es decir, que CFK planteó con fuerza el deber histórico de la coalición de gobierno acerca de privilegiar el salario, controlar los precios, aplicar políticas distributivas populares e impulsar la recomposición del mercado interno como base para avanzar a un modelo de producción y trabajo.

La batalla principal (no única) de esta etapa es la puja por los precios, en especial de los alimentos, alquileres y tarifas.

Es acá donde el poder económico real milita la política y sobre todo la política electoral.

El poder económico concentrado hace política a través de la economía. Y fundamentalmente a partir de los formadores de precios.

El proceso masivo de vacunación es condición indispensable para seguir favoreciendo niveles de crecimiento industriales, darle vigor al consumo popular y encarar rumbos a favor de las mayorías.

Y la aplicación de un plan efectivo de control de precios priorizando el mercado interno, es crucial para que la voluntad política de recuperar salarios este año se transforme en real recuperación del poder adquisitivo que hace 5 años viene siendo golpeado por la epidemia amarilla y la pandemia actual.