La decisión se produjo después de que el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, desestimara el pedido de suspensión de dos artículos de la ley vinculados con el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El magistrado consideró que no se configuraba el “peligro en la demora”, requisito necesario para otorgar una cautelar que suspenda la aplicación de una norma.

Tras ese fallo, la central sindical reformuló su estrategia judicial y resolvió avanzar con una nueva presentación directamente en el fuero laboral. El objetivo es que los tribunales especializados analicen la constitucionalidad de distintos artículos de la reforma.

Desde la conducción sindical sostienen que varios puntos de la ley vulneran derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales que protegen a los trabajadores. En ese sentido, el planteo judicial busca cuestionar aspectos centrales de la reforma y abrir la posibilidad de que se dicten fallos que limiten su aplicación.

La ofensiva judicial forma parte de la estrategia adoptada por la CGT tras la aprobación de la norma en el Congreso. Con estas acciones, la central obrera pretende que la Justicia declare la inconstitucionalidad de disposiciones que, según su interpretación, implican un retroceso en materia de derechos laborales y afectan el funcionamiento histórico del fuero del Trabajo.