Desde el gremio conduce Graciela Aleñá, afirman que se trata de una maniobra que avanza en la “destrucción de la Dirección Nacional de Vialidad” y que “convalida la denuncia que hemos realizado por prórroga ilegal y arbitraria de las concesiones viales, pretendiendo proteger al Ingeniero Iguacel y al Ministro Dietrich, quienes deberán igualmente responder ante la justicia, por los hechos que perjudicaron al Estado en más de 30.000 millones”

Graciela Aleñá, secretaria general del sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) enfatizó en que “No es casualidad que este decreto salga en forma posterior a la denuncia penal que realizamos. Estos contratos que habían vencido en abril de 2017 y fueron prorrogados en forma arbitraria e ilegal por el ingeniero Iguacel y el ministro Dietrich, no quedan salvados por el decreto publicado. No se puede legislar para atrás, los hechos ilegales se produjeron y perjudicaron al Estado en más de 30.000 millones y en los montos recaudados en forma ilegal por el peaje. Ante eso los imputados  tendrán que responder”.

“El supuesto ahorro de 2500 millones del que hace mención Dietrich es una farsa, se sigue mintiendo el usuario, se cobra peaje sin  ofrecer caminos alternativos y se ejecutarán obras con fondos públicos para que después la empresa concesionaria que gane la futura licitación pueda cobrar sin invertir“Estamos ante una nueva estafa al Estado y a los usuarios”

En esta línea la dirigente señaló: “Esta tarea podría ser realizada sin inconvenientes por la Dirección Nacional de Vialidad, si los fondos originales deducidos de combustible fueran destinados para lo que fueron creados y así el contribuyente no estaría abonando dos veces por lo mismo.”

Asimismo, la conductora del STVyARA advirtió que: “Esta sociedad a la que no es aplicable la ley de procedimiento administrativo, del régimen de contrataciones de la administración nacional, la ley de obra pública y en general las normas o principios de derecho administrativo, fue creada para seguir favoreciendo a empresas amigas que seguirán manejando el dinero de la obra pública”.

“Uno de los puntos más complejos del decreto es que autoriza a Corredores Viales SA a tomar deuda por lo que el Gobierno debería abstenerse a permitir que Corredores Viales S.A de acá al 10 de diciembre adquiera créditos”, sostuvo Aleñá.Y sentencio: “Estamos ante una nueva estafa al Estado y a los usuarios”.

Desde el gremio, salieron a desmentir las declaraciones del Gerente Ejecutivo de planeamiento y concesiones de Vialidad Nacional, Ezequiel Christie, quien sostuvo que — -los 978 empleados que trabajan actualmente en los cinco corredores, se sumarán a la planta del Estado-. 

“Esto no es así, ya que Corredores Viales es una Sociedad Anónima y en el artículo cinco del decreto 794/2017 establece que la sociedad mantendrá con su personal una vinculación laboral de derecho privado regido por la ley de contrato de trabajo número 20.744.”, afirmaron.

Por otra parte, cabe recordar, que Graciela Aleñá, encabezó la denuncia penal cuya investigación lleva adelante el fiscal Taiano, el cual imputó al ingeniero Javier Iguacel (ex administrador de la Dirección Nacional de Vialidad) y al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, falsedad ideológica, mal desempeño de sus funciones y violación de los deberes de funcionario público”, y que recayó en el juzgado del doctor Casanello.