El gremio que lidera Pablo Biró apuntó contra el Ejecutivo de imponer restricciones inconstitucionales y de avanzar contra la soberanía aeronáutica.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas –APLA- volvió a denunciar al Gobierno Nacional ante la OIT por incumplimiento de normas fundamentales sobre libertad sindical. Esto se da en el marco de la resolución 340/2025 que se camufla en ser un DNU orientado a la Marina Mercante pero que en su letra chica le impone fuertes restricciones al derecho a huelga.
La presentación del gremio que lidera Pablo Biró, se suma a las acciones legales que ya impulsan distintos gremios del transporte frente al DNU 340/2025, que impone servicios mínimos obligatorios durante huelgas y reactiva artículos ya declarados inconstitucionales. El próximo martes, los gremios de la CATT se reunirán en la CGT para debatir medidas gremiales y acciones conjuntas.
“Desde APLA, nuevamente denunciamos al Gobierno Nacional ante la OIT por incumplimiento de las normas de libertad sindical y, en particular, las limitaciones relacionadas con el legítimo derecho a huelga”, publicó el sindicato a través de su cuenta oficial de Instagram. En el texto, recuerdan que ya en el marco del conflicto con Aerolíneas Argentinas del año pasado debieron judicializar medidas similares, que luego fueron suspendidas por la Justicia.
El sindicato denuncia que el Gobierno repite el texto del DNU 70/23, el cual ya fuera invalidado por la Cámara Nacional del Trabajo, y que ahora impone un 75% de actividad obligatoria en el sector aeronáutico durante paros. “El Gobierno vuelve a intentar condicionar el ejercicio de la huelga, estableciendo servicios mínimos… repitiendo el texto del DNU 70/23, que ya fue declarado inconstitucional”, alertó APLA.
La denuncia también apunta contra el Decreto 338/25, publicado el 20 de mayo, que elimina la obligación de garantizar tripulación, asistencia y mantenimiento con personal argentino en servicios aerocomerciales operados en el país. Para los pilotos, esta medida “atenta -de forma directa- contra la soberanía aeronáutica y el empleo argentino”, y marca un nuevo retroceso en los derechos laborales del sector.
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