El decreto 383/2025 provoca un enorme impacto en la estructura de la Policía Federal Argentina, y mientras el Gobierno le niega recursos salariales y laborales a los médicos del Garrahan o reduce el funcionamiento del Estado y disminuye la entrega de medicamentos a jubilados o ahorra en los aportes para personas con discapacidad, reagrupa las fuerzas de seguridad y les direcciona una sustanciosa partida presupuestaria.

Patricia Bullrich pasó de ser la “tira bombas en jardines” a ser un nucleo trascedente en la estructura política del presidente de la nación y, aunque sea difícil volver desde ahí, Javier Milei le implanta a la ex JP, Montoneros, presidenta del PRO y actual afiliada a la Libertad Avanza, un poder inaudito para ejercer el control de las FFAA.

Gendarmería nacional. Foto: Sonido Gremial

Con la publicación del DNU, el Gobierno oficializó una profunda reforma que incluye un nuevo estatuto orgánico, la redefinición de sus funciones y la creación de un programa de “modernización financiado con recursos públicos. La medida apunta a convertir a la fuerza en un cuerpo especializado en delitos federales y complejos, con menos personal y nuevos mecanismos de ingreso, como la incorporación de universitarios ya graduados.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Sonido Gremial

El decreto también autoriza al Ministerio de Seguridad a reasignar personal, exceptuar del retiro a oficiales superiores e incluso reincorporar a personal retirado. Para financiar esta transformación, se creó un programa presupuestario específico que, según el Gobierno, se nutrirá del ahorro generado por la reducción de ingresantes. Sin embargo, esta inyección de recursos contrasta con los recortes aplicados en otras áreas sensibles como Salud, acceso a medicamentos y discapacidad.

Frente a este escenario, la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT y en un comunicado conjunto, Julio Piumato y Maia Volcovinsky advirtieron que la falta de precisión en las modificaciones legales “abre ventanas para la criminalización de organizaciones sociales, la represión de protestas, detenciones arbitrarias y el ciberpatrullaje masivo de opositores”.

“Estamos ante una profundización del protocolo anti protesta”, alertaron, y vincularon esta avanzada con políticas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo. Además, denunciaron que el nuevo diseño legal se complementa con el fortalecimiento del Plan Nacional de Inteligencia, heredero de la ex SIDE, lo que —según sostienen— pretende ampliar el espionaje contra periodistas y opositores.

“La ampliación de facultades a la Policía Federal no es una modernización, es un cheque en blanco para más abusos y excesos”, cerraron los dirigentes judiciales.