"No a la privatización de la democracia. Es preciso terminar con la boleta única electrónica de la empresa MSA en la Argentina", sostuvo Piumato en un comunicado.

El dirigente judicial y secretario de Derechos Humanos de la CGT afirmó que "el hecho de que el desarrollo tecnológico se encamine hacia lo digital y electrónico no significa que los derechos civiles tengan que pasar por ese tamiz a cualquier precio", aseguró.

Piumato sostuvo que el sistema "no aprobó pliegos ni el código fuente para su control y auditoría, demostró tener control nulo y también fallas de conectividad y de logística".

Piumato reseñó que la propia jueza federal María Servini sostuvo ayer que resultó "preocupante" el grado de "improvisación con que se manejaron la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación y el propio Instituto de Gestión Electoral de la ciudad de Buenos Aires, que evidenciaron una impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral".

La magistrada también señaló que tanto la firma como el Instituto parecieron "más preocupados por analizar lo que demoró cada elector, pretendiendo inventar mecanismos para que pueda haber dos electores sufragando a la vez en cada mesa, en lugar de gestionar de forma eficiente los recursos para que se pueda votar".