Los principales puertos del país permanecen paralizados luego de que el Gobierno nacional desregulara el servicio de practicaje y pilotaje mediante el Decreto 690/2026 publicado en el Boletín Oficial. Como respuesta a la medida, gran parte de los prácticos dejaron de aceptar nuevos servicios en rechazo a la norma impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El conflicto, que se le fue de las manos a la gestión libertaria y empieza a mostrar el desorden en las relaciones laborales, ya tiene a más de 150 buques que permanecen detenidos a la espera de poder ingresar o salir de los puertos.

«Los barcos están parados porque requieren la asistencia del práctico para moverse», resumió una fuente ligada al negocio de la agroexportación al diario Ámbito Financiero. De hecho, desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) señalaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas se encuentran momentáneamente interrumpidas debido a la «indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan», una situación que, advirtieron, podría generar dificultades de abastecimiento por inconvenientes en el transporte.

La interrupción alcanza las operaciones en los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, desde donde se desarrolla buena parte de la distribución de combustibles hacia todo el país. La situación también afecta a Caleta Córdova (Chubut), un punto clave para el traslado de petróleo crudo hacia las distintas refinerías.

Ante este escenario, la Prefectura Naval Argentina comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de manera inmediata la prestación del servicio. El organismo advirtió que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que la interrupción de esa actividad podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no puede dictar una conciliación obligatoria porque, según explicaron fuentes oficiales, «técnicamente no existe un conflicto laboral», sino una decisión individual de los prácticos de no aceptar nuevas prestaciones.

Esto se debe a que no se trata de un paro en sentido estricto ni tampoco hay un gremio con el que se pueda tener un canal de diálogo que encause el debate: los prácticos son profesionales independientes, sin relación de dependencia.

En los hechos, la medida implica un freno a las nuevas contrataciones de practicaje, mientras que los servicios previamente programados continúan realizándose. Se convirtió casi en una cuestión de sobrevida de la actividad.

La tarea de los prácticos consiste en asesorar a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en ríos, canales y puertos. Su intervención es obligatoria en gran parte de la navegación comercial debido a las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios argentinos.