La presencia de patrulleros y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en la sede de la Obra Social del Poder Judicial para un allanamiento en el marco de una causa por presuntos desmanejos impactó en Aldo Tonón, el hombre del ministro Juan Carlos Maqueda a cargo del organismo. Y para evitar que la situación salpique aún más en el cuarto piso de Tribunales, la Corte Suprema ordenó que se haga una auditoría a partir de un primer diagnóstico que arrojó un resultado demoledor: cúpula directiva unipersonal, falta de sistema presupuestario y litigiosidad en aumento. Sólo son algunos de los puntos más llamativos del informe. 

Desde hace varios días, en Comodoro Py la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo llevan adelante un expediente en el que se investigan supuestos desmanejos y malversación de fondos en la Obra Social del Poder Judicial. Allí se investiga el accionar de Tonón, que la dirige desde hace más de una década en la que, según el informe difundido por la Corte, “se advierte un aumento progresivo en la litigiosidad”, con 240 causas en trámite, la mayoría vinculada a la cobertura del servicio. 

Según revela el informe realizado a pedido de Daniel Marchi, el secretario general de la Administración, ahora a cargo del control de la gestión de la Obra Social, la gestión económica del organismo es uno de los puntos más débiles. Es que la información a la que se accedió es parcial ya que la institución no cuenta con una herramienta de gestión de la información financiera adecuada “para dar una respuesta oportuna”, mientras que la situación presupuestaria no se pudo conocer debido a “la ausencia total de la práctica presupuestaria institucional”. 

Respecto de lo primero, el diagnóstico concluyó que el organismo no trabaja con una herramienta adecuada para llevar la gestión financiera de forma ordenada sino que recurre a “métodos de elaboración manual” como hojas de cálculo.

Los sistemas de tesorería y contabilidad "no cuentan con una base de datos única", por lo que no se pudo acceder a un módulo de estados contables ni al reporte de sumas y saldos. Para ello, según se señala, contratan a un contador público externo para que haga una auditoría independiente, alguien que también “elaboraría los estados contables”.

Caja millonaria pero sin control presupuestario

La Obra Social del Poder Judicial tiene bajo su órbita una millonaria caja de fondos, estimados en $1.232 millones promedio mensual sólo por aportes y contribuciones de 99.760 afiliados, es decir, sin tener en cuenta las inversiones financieras.

Pese a manejar ese caudal, similar a los de cualquier otra entidad de las mismas características, el organismo no ha apelado en el último tiempo a un sistema de previsión presupuestaria, señalado en el informe como una herramienta elemental de ese tipo de instituciones. 

Habló Daniel Marchi, el hombre a cargo de la Obra Social de Judiciales: “Estamos haciendo un diagnóstico”

“La OSPJN no posee un sistema presupuestario. En tal sentido, no tiene un marco normativo, áreas, sistemas y procedimientos a través de los cuales elaborar un presupuesto de ingresos y gastos que de previsibilidad y ordenamiento a la gestión financiera y prestacional de la Institución”, dice el documento.

En esa línea, también hay una alusión indirecta hacia Tonón cuando se expresa que “la exigencia cada vez mayor de la rendición de cuentas de quienes tienen la responsabilidad del gerenciamiento institucional hacen del presupuesto una herramienta indispensable para el control y la evaluación del organismo en un marco de transparencia”. 

Tonón, único directivo de un cuerpo que debería ser colegiado

Tras recibir el informe que encargó a personas especializadas de la Corte Suprema, Marchi redactó un documento que puso a disposición de los ministros y la ministra del Máximo Tribunal y fue tenido en cuenta para ordenar por unanimidad la realización de una auditoría integral. Allí, uno de los primeros ejes que señaló el funcionario judicial fue sobre la conducción del organismo, “ocupada en forma parcial o precaria”.

“El Directorio de la Obra Social está ocupado por un solo director y existen otros dos cargos en el Directorio vacantes, con lo cual las decisiones colegiadas pasan a ser unipersonales en contradicción al Estatuto”, sostuvo al tiempo que advirtió que hay otras áreas “sensibles” que están vacantes. “Existe un alto riesgo de concentración de las decisiones de gestión y debilidad en la cadena de responsabilidades”, consideró Marchi.

El dato de las vacantes resulta llamativo. El hombre de Maqueda es la cabeza de un cuerpo que debería estar ocupado por otras dos personas que, según el artículo 16 del Estatuto disponible en el sitio web de la Obra Social, “serán designadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permaneciendo en sus cargos y funciones mientras no sean reemplazados por el tribunal”.

La Obra Social del Poder Judicial quedará bajo la órbita de la administración de la Corte

Ante ese panorama, una de las primeras recomendaciones que sugirió Marchi es que se agilice la designación de esos dos integrantes del Directorio, que deberán ser, preferentemente, “profesionales de las ciencias médicas, económicas y jurídicas”.

Días después del allanamiento los cortesanos votaron a favor de que la Secretaría General de la Administración controle la gestión de la Obra Social. Inmediatamente, Marchi comenzó a asistir a la sede de la calle Lavalle para mantener reuniones con las personas a cargo de las áreas estratégicas y con el propio Tonón. “Estamos trabajando desde el día uno y haciendo un diagnóstico de la situación”, le dijo el secretario a PERFIL a la salida de una de esas reuniones. 

Mientras tanto, en los tribunales porteños sigue el hermetismo en torno al contenido del expediente que se tramita para investigar si hubo algún delito en la gestión de la Obra Social que tiene como afiliados a trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Nación de todo el país.