La resolución fue aprobada por los legisladores, en el marco de la reunión de la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard, tras la lectura de los cargos contra el magistrado por irregularidades en el manejo de la obra social de los trabajadores judiciales. El cortesano deberá responder en 10 días hábiles, en forma personal o por escrito, las acusaciones en su contra.
Con la presencia de testigos y damnificados, avanza el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia iniciado en febrero pasado. Además, se buscará resolver la ampliación del juicio político impulsado por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán.
Diputados oficialistas presentaron una ampliación del pedido de juicio político a tres miembros del máximo tribunal por suspender comicios en San Juan y Tucumán.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), Marieta Urueña Russo, consideró que el juicio político que se sigue a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en una Comisión de la Cámara de Diputados permite "dar difusión" a las irregularidades que existen en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospin), que "funciona mal" por problemas de "administración y responsabilidad".
Serían $ 3.000 millones. También informó la pérdida de 30.000 medicamentos y falta de transparencia. La trastienda de una feroz interna que no tiene final y la antesala de su convocatoria este martes en la Comisión de Juicio Político.
El gremio que conduce Piumato advirtió que hay mejoras con la asunción de Volcovinsy.
Un proyecto de dos legisladores sindicales pidió incluir el tema en el juicio político a los magistrados. La UEJN marcó postura al respecto.
Los diputados María Rosa Martínez y Pablo Carro presentaron un proyecto de acusación por mal desempeño y posible delito de malversación contra los cuatro integrantes de la Corte. Aseguran que hay alrededor de 400 causas abiertas por los trabajadores de la obra social.
Las dirigentes de judiciales Vanesa Siley y Marieta Urueña Russo remarcaron en sus redes sociales un serio conflicto que ya han denunciado en otras oportunidades. La Obra Social del Poder Judicial de la Nación no responde como debería a sus afiliados. El drama alcanzó hasta a los afiliados discapacitados, a quienes en promedio se calcula que les deben más de un millón de pesos a cada uno.
Así lo confirmó la Corte Suprema a través de la Resolución 3407. La dirigente de la UEJN, Maia Volcovinsky, integrará el directorio de la OSPJN, después de una extensa lucha de la organización sindical.
Les senadores del Frente de Todos Oscar Parrilli y Silvia Sapag firmaron un pedido para que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Daniel Rosatti, informe acerca de la denuncia que tramita ante el Juez Federal Ariel Lijo por presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación durante la gestión del juez Juan Carlos Maqueda.
El Sindicato de Trabajadores de la Justicia de la República Argentina (Sitraju-RA) se presentó en la justicia federal para ser querellante en la causa por la Obra Social del Poder Judicial. Es un expediente que le pega al supremo Juan Carlos Maqueda que ejercía el control sobre la obra social y lo que se investiga, entre otras cosas, son irregularidades en las contrataciones de dos empresas cordobesas, pero sobre todo un dramático deterioro de los servicios de salud de los judiciales.
María Guadalupe Burgos declaró ante la justicia que pagó miles de millones de pesos con escaso o sin control, sin ser contadora ni tener la designación correspondiente. Es sobrina de Juan Carlos Maqueda, encargado por el máximo Tribunal de seguir las operaciones de la Obra Social.
El juez Ariel Lijo ordenó dos allanamientos en empresas denunciadas por contrataciones sospechosas
En las próximas semanas deberán prestar declaración empleados de la entidad y empresas que participaron de licitaciones presuntamente orientadas
Se trata de los directivos de dos empresas que supuestamente fueron contratadas de forma irregular por el organismo que hasta hace unos meses conducía en solitario Aldo Tonón, en la mira por presuntos desmanejos.
El escándalo por la Obra Social del Poder Judicial crece cada día. Uno de los sindicatos de los empleados judiciales, el Sitraju, se presentó este martes para ser admitido como querellante en el expediente en el que se investigan irregularidades de todo tipo: desvíos de fondos, licitaciones dudosas y la existencia de afiliados VIP a los que se le otorgaban prestaciones que la obra social no cubría y que, por lo tanto, se les negaban a los demás afiliados.
No todas las obras sociales son aptas para el monotributo, por eso tenés que prestar mucha atención a la hora de elegir la cobertura de salud.
Tras la salida de Elena Highton de Nolasco, en el máximo tribunal, la formación de mayorías será incierta y cambiante. A ello se suma el desorden administrativo de la OSPJ, hoy bajo investigación judicial.
El director Aldo Tonón, hombre de confianza de Juan Carlos Maqueda y Ginés González García, es el principal apuntado por beneficiar a una empresa de Córdoba
Esto se da en el marco de una causa por malversación de uso de elementos, cuestiones que se denunciaron en septiembre y se vienen reclamando desde el sector.
Determinante apoyo de la CGT a la recuperación del lugar de la UEJN en la Obra Social del Poder Judicial y a Maia Volcovinsky
La concentración en Buenos Aires será a las 10 en el Palacio de Justicia, luego movilización a la Obra Social y en el resto del país habrá cese de actividades durante 24 horas
Aldo Tonón responde a la Corte Suprema y está siendo investigado por malversación de fondos y espionaje. Se niega a cumplir una medida cautelar.
Tras conocerse que la Justicia investiga los supuestos desmanejos de la gestión a cargo de un funcionario vinculado al ministro Juan Carlos Maqueda y con un primer diagnóstico, la Corte ordenó una auditoría en el organismo.
Delegó en Marchi, el administrador general, su saneamiento, tras sugestivo avance de causa. Reflejo de unanimidad sutura diferencias por presidencia.
Gremios judiciales denunciaron «el deterioro de profundo de la obra social del Poder Judicial de la Nación» que vivieron durante la pandemia. También indicaron que promovieron una «acción judicial para mejorar la calidad del servicio», pero el cumplimiento por parte de la Obra Social actualmente investigada (OSPJN) «fue parcial y cosmético».
La obra social tendría un sistema de "afiliados VIP" con acceso a tratamientos más costosos y negados al común de los afiliados.
La Policía Federal hizo allanamientos en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, a raíz de una denuncia por presunta malversación de fondos sobre el presidente de dicho servicio médico, Aldo Tonón y sacude al Poder Judicial.