Por: Mariano Martín.

La Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el mayor gremio del sector agropecuario, arrancó el año con una crisis sin precedentes que mantiene esta semana a su conducción virtualmente atrincherada en la sede porteña y enfrentada judicial y políticamente al sector que responde al diputado nacional Pablo Ansaloni, exsocio de Cambiemos y actual apadrinado de Sergio Massa. El secretario general, José Voytenco, heredero de los fallecidos Ramón Ayala (en octubre pasado) y Gerónimo Venegas (murió en junio de 2017) tabicó los accesos de la oficina central del sindicato, en Reconquista 630, y apeló una resolución judicial que le ordenó reincorporar a cuatro directivos, entre ellos Ansaloni, a los que había desplazado de la conducción de la obra social, Osprera.

La puja arrancó apenas fallecido Ayala y asumido Voytenco en su lugar, con Ansaloni, que logró su banca como diputado nacional en 2017 por el Partido Fe a raíz de la alianza entre Venegas y Mauricio Macri y que lideraba hasta el año pasado la obra social de los peones rurales. El gremio es uno de los jugadores de mayor peso dentro de la CGT por contar con al menos 600 mil trabajadores registrados (es uno de los sectores con mayor empleo informal de la economía) y delegaciones en todo el país.

La Uatre logró hacerse de un espacio en la alianza Cambiemos en 2016 a partir de la puesta al servicio del Partido Fe de parte de Venegas. En agradecimiento Mauricio Macri le devolvió al gremio el manejo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre), que el gobierno de Cristina de Kirchner había disuelto para poner en su lugar otro ente, el Renatea. En el Renatre coexisten el gremio y las cuatro entidades patronales que conforman la Mesa de Enlace y tiene como propósito alegado propender a la registración de peones.

Sin embargo la derrota de Juntos por el Cambio en las primarias de agosto de 2019 enfrió ese vínculo, que todavía sostenía Ayala como reemplazo de Venegas, y acercó de manera paulatina al gremio al Frente de Todos. La muerte de Ayala por consecuencias derivadas del coronavirus, en octubre pasado, puso al descubierto el enfrentamiento que mantenían el sector de Voytenco, su adjunto y luego sucesor, y Ansaloni, con poder propio en la estructura gremial por su banca en la Cámara baja y el cargo de vicepresidente que ostentaba en la obra social. Si bien ambos terminaron por reportar al Frente de Todos el secretario general lo hizo como integrante de la CGT y a los funcionarios de Alberto Fernández en tanto que Ansaloni se cobijó bajo el ala de Massa.

Entre las primeras decisiones al momento de asumir Voytenco estuvo el desplazamiento de Ansaloni como número dos de Osprera; de Carlos Caballero, extesorero, y de Walter Cáceres, exsecretario de Actas. En lugar de ceder el conflicto creció: el apartado apeló ante la Justicia laboral y el sector de Voytenco lo denunció días atrás por supuestos desvíos de 10,5 millones de pesos en viáticos de la obra social. Como parte de esta escalada el oficialismo en el sindicato difundió una charla por zoom en la que Ansaloni decía que sus aliados en el gremio no eran “como los judíos, que no tienen Patria”, lo que le valió el repudio de varias organizaciones y de la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina (DAIA).

Esta semana la crisis recrudeció por un fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que ordenó suspender los efectos de la resolución del sindicato de octubre pasado, de remover de sus cargos a los tres directivos, y en consecuencia dispuso su vuelta a los puestos en Osprera. Ayer hubo momentos de tensión por el intento de Ansaloni y sus aliados de reintegrarse a sus oficinas y la respuesta de los leales a Voytenco de bloquearles el acceso. El cuadro de incertidumbre se agravó en los últimos días cuando el secretario general fue diagnosticado con coronavirus (la enfermedad que había llevado a la muerte a Ayala) pero al menos ayer en su entorno dijeron que la había transitado sin mayores síntomas y que ya se encontraba de alta.

La Uatre no es el único gremio que atraviesa una crisis interna de características inéditas. La conducción de la federación de trabajadores de las industrias química y petroquímica (Festiqypra), una de las dos que disputan los sindicatos de la actividad en todo el país, le pidió la renuncia a su secretario general, Daniel Santillán (líder de la seccional de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe) luego de que trascendieran audios en los que se lo escucha negociar el despido de al menos un trabajador con los directivos de su empresa empleadora.