El Decreto 39/2021, que vio la luz el pasado 22 de enero en el Boletín Oficial, volvió a extender la emergencia pública en materia ocupacional hasta el 31 de diciembre de 2021. En ese marco, en su artículo 5° estableció la continuidad de la doble indemnización durante la vigencia de la emergencia.

Como no podía ser de otra manera, las grandes patronales pusieron el grito en el cielo. Cualquier medida que implica un límite -aunque sea modesto- a lo que consideran su derecho sagrado a despedir es presentado como una suerte de "tragedia nacional" que afectaría la "creación" de empleo de la que creen ser los responsables.

Desde el oficialismo se publicitó la norma como una forma de impedir que la crisis social y económica siga golpeando sobre los sectores más vulnerables. Sin embargo, hay que señalar que la medida -implementada a lo largo de gran parte de 2020- estuvo lejos de impedir el crecimiento sideral de la desocupación. Grandes, medianas y pequeñas patronales despidieron casi impunemente, avaladas desde el propio Ministerio de Trabajo en incontables ocasiones.

Sin embargo, el Decreto 39/2021 contiene un elemento más que termina siendo favorable a las patronales. En su artículo 6° establece que “a los efectos de establecer el cálculo de la indemnización definitiva, en los términos del artículo 5° del presente decreto, el monto correspondiente a la duplicación no podrá exceder, en ningún caso, la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000)”.

La suma, en sí misma, no termina de cuantificar el beneficio que recibirán las patronales con esta medida. La Izquierda Diario consultó a abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) que asesoran a trabajadores en reclamos y conflictos frente a los empresarios. El objetivo fue establecer -lo más precisamente posible- cuánto es lo que los trabajadores dejarían de percibir gracias a esta medida.

Así, si se toma el caso del gremio de Comercio -el de mayor número de afiliados del país- se puede presentar un primer ejemplo. Allí un trabajador administrativo hoy cobra alrededor de $ 48.000. Si se le suma una antigüedad de 10 años, ese trabajador al ser despedido debería recibir hoy una indemnización de alrededor de $635.000.

Si se aplica la doble indemnización estipulada oficialista, debería recibir $ 1.270.000. Sin embargo, por el tope establecido en el artículo 6° recibirá $ 1.135.000. Es decir, como resultado del límite habrá resignado casi $ 150.000.

No es el único caso ni el más notorio. Si analizamos la situación de un trabajador ferroviario, por ejemplo, nos encontraremos con que actualmente, un operario técnico con 10 años de antigüedad (categoría 4) cobra alrededor de $ 60.000. Si ese operario hoy fuera despedido debería percibir $794.000.

Calculando la doble indemnización cobraría $ 1.588.000. Sin embargo, el tope significa que recibiría realmente $ 1.294.000. Es decir, la patronal se quedará con casi $ 300.000 que le corresponden.

Analicemos un caso más. Un trabajador o una trabajadora del sector de la alimentación, que se desempeña como administrativo/a. Si está ubicada en la categoría 4 del escalafón de su convenio, cobró en enero $ 65.900. Si este trabajador o trabajadora fuera despedido debería ser indemnizado por la suma de $872.000.

Aplicando el cálculo de la doble indemnización debería recibir $ 1.744.000. El tope implica que cobrará $ 1.372.000. Es decir, resignará casi $ 400.000 frente a la empresa que lo despide.

Estos casos funcionan a modo de ejemplo. Permiten evidenciar que el tope establecido por el Gobierno termina favoreciendo a las grandes patronales frente a los trabajadores. Se trata de una concesión al poder económico, en aras de calmas las aguas. Así lo señaló la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT) en su cuenta de Instagram.

Que los empresarios critiquen las medidas y lo presenten como un “obstáculo” a las futuras inversiones no debiera sorprender. Para la clase capitalista maximizar su ganancia es el objetivo central.

Al mismo tiempo es preciso señalar que esta medida se halla limitada a los sectores en blanco y permanentes de la clase obrera. Una enorme fracción de trabajadores y trabajadoras precarizadas y/o contratadas fueron despedidos a lo largo de 2020 a pesar de la vigencia de la doble indemnización.

Mientras esto ocurrió -y sigue ocurriendo- las centrales sindicales se mantienen en una pasividad alarmante, avalando la continuidad de los despidos.