Organizaciones sindicales regionales e internacionales manifestaron su rechazo a la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei y expresaron su respaldo a las centrales sindicales argentinas que convocaron a movilizaciones en defensa de los derechos laborales.
A través de distintos pronunciamientos públicos, la Confederación Sindical de las Américas (CSA), UNI Américas y la Confederación Sindical Internacional (CSI) alertaron sobre el impacto negativo que las modificaciones podrían tener sobre el empleo, la negociación colectiva y la democracia.
Los comunicados coincidieron en señalar que el paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo nacional no representa una modernización del sistema laboral, sino un avance regresivo sobre conquistas históricas de las y los trabajadores, en contradicción con los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Desde la Confederación Sindical de las Américas (CSA), el secretario general Rafael Freire expresó el acompañamiento a la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, y remarcó que la reforma laboral impulsada por el Gobierno implica un retroceso en derechos fundamentales. En ese marco, advirtió que «no puede haber democracia plena sin derechos laborales ni desarrollo con exclusión social», y reafirmó la solidaridad continental con las y los trabajadores argentinos.
En la misma línea, UNI Américas difundió una declaración en donde rechazó cualquier intento de debilitamiento de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la organización. El documento destacó el rol histórico del sindicalismo argentino y sostuvo que las reformas que precarizan el empleo profundizan la desigualdad social y afectan la cohesión democrática, ratificando el acompañamiento regional en un contexto que calificó como desafiante.
Por su parte, la Confederación Sindical Internacional (CSI) alertó que las «modificaciones planteadas ante el Congreso podrían eliminar protecciones constitucionales, restringir la actividad sindical y trasladar al Estado costos que hoy recaen sobre los empleadores». Desde la central internacional señalaron que la reforma laboral no responde a un proceso de modernización, sino a un ataque generalizado contra los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, diseñado en favor de grandes intereses empresariales.
Finalmente, los organismos sindicales coincidieron en subrayar que el debate en torno a la reforma laboral excede el plano estrictamente económico y se vincula de manera directa con la vigencia de la democracia. En ese sentido, reafirmaron la importancia de la solidaridad sindical internacional y el respaldo a las organizaciones argentinas que continúan en estado de movilización frente al avance legislativo del proyecto.

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