La oferta, que había sido presentada por las autoridades bonaerenses durante la última reunión paritaria, contempla una actualización salarial del 7% distribuida en dos tramos: un 5% correspondiente a julio y un 2% adicional en agosto. La propuesta fue respaldada por los órganos de decisión de los principales gremios del sector, entre ellos el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense.

El acuerdo adquiere relevancia en un contexto marcado por reclamos salariales y medidas de protesta que ya habían derivado en interrupciones de actividades durante el ciclo lectivo. Además, representa un alivio para la administración provincial, que logró sostener el diálogo con uno de los sectores sindicales más numerosos e influyentes del empleo público bonaerense.

La paritaria docente suele funcionar como referencia para el resto de las negociaciones salariales en la provincia. En ese sentido, la misma propuesta fue aceptada también por los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430, que regula al personal administrativo de la administración pública bonaerense.

Mientras tanto, otros sectores del empleo público continúan aguardando definiciones. Los trabajadores judiciales y los gremios de la salud esperan nuevas convocatorias para avanzar en la discusión salarial correspondiente a los próximos meses, en negociaciones que serán encabezadas por el Ministerio de Economía provincial.

Mejoras laborales y medidas complementarias

Además del incremento salarial, el entendimiento alcanzado incorpora una serie de compromisos vinculados a las condiciones de trabajo. Entre ellos se destaca la actualización del acuerdo destinado a prevenir y abordar situaciones de violencia y acoso en el ámbito educativo.

La iniciativa prevé mecanismos específicos para intervenir en casos complejos, reforzar las acciones de protección para el personal docente y fortalecer el rol del Estado en la prevención de estas problemáticas. En paralelo, la Provincia impulsará una campaña de concientización orientada a promover entornos escolares más seguros y respetuosos, con participación de las comunidades educativas y las familias.

Para los trabajadores estatales alcanzados por la Ley 10.430, el acuerdo también contempla avances en materia de estabilidad laboral, incluyendo el pase a planta permanente de empleados incorporados durante 2024 y 2025, además de modificaciones en los procedimientos de cobertura de cargos jerárquicos y la apertura de mesas técnicas para discutir aspectos vinculados a la carrera administrativa y los convenios colectivos.

Con la aceptación de la propuesta por parte de los principales gremios, el gobierno de Axel Kicillof logra encauzar una negociación clave y garantiza, al menos por el momento, un escenario de mayor estabilidad en el sistema educativo y en buena parte de la administración pública bonaerense.