RÍO GRANDE – En las últimas horas se le elevó al Ministro del Interior Rogelio Frigerioel petitorio elaborado por dirigentes gremiales, sociales y barriales, de esta ciudad en el que se reclama ser parte del debate de cualquier modificación del cuadro tarifario y se denuncia que ni la Nación, ni la Provincia tuvieron en cuenta la opinión de los sectores al resolver el tarifazo. La elaboración del documento fue parte de una masiva movilización que se realizó en la Río Grande el 1 de junio, día de la Provincia.

Además se le reprochó que la delegación que integrabanel Decano de la UTN, Ing Mario Ferreyra; los dirigentes del Sindicato de Petróleo y Gas Privados, y del Sindicato de Petroleros Jerárquicos y el diputado Oscar Martínez, no tuvo “la oportunidad de ser recibidos para expresarnos, dado que la audiencia otorgada, oportunamente acordada, fue suspendida sin nueva fecha”.

El documento, elevado al Ministro Frigerio y que fuera leído en el acto del primero de junio, en la Plaza de las Américas, entre otros conceptos se expresa que “algunos funcionarios nacionales que viven a 3000 km con temperaturas que son bastante diferentes a las que sufrimos aquí en nuestra provincia, han resuelto de manera inconsulta un incremento en la tarifa de gas que excedía el 600 por ciento en el caso del servicio domiciliario y que oscilaba entre un 1000 por ciento y un 2000 para el servicio comercial”.

Luego menciona que, después que “toda la Región Patagónica se comenzara a expresar en contra de ésta decisión, estos funcionarios convocaron a los gobernadores de la región a una reunión, para en ese ámbito transmitirnos que la tarifa del servicio domiciliario no iba a sufrir incrementos superiores al 400 por ciento y que, en el caso del servicio comercial, les financiaban el 50 por ciento del valor de la factura”.

El documento, firmado por más de 20 organizaciones que convocaron a la protesta, dice que “este proceder no resiste lógica alguna, ya que queda a las claras que no existió ningún estudio previo, sino que muy por el contrario, la única prioridad fue la recaudación sin analizar el impacto que iba a generar en toda nuestra sociedad”.

“Como integrantes de esta sociedad nos asiste un derecho, que es el derecho a los bienes esenciales tales como el gas, luz, electricidad, agua potable, y es nuestro deber velar por ellos”, menciona el texto. Comprometiéndose a “redoblar esfuerzos manteniéndonos unidos y continuar democráticamente debatiendo como logramos el objetivo fijado, a los fines de que quienes toman estas decisiones erróneas se responsabilicen de las mismas y, consecuentemente, tengan la grandeza de corregirlas”.

Por último se reclama a debatir en “audiencia pública” el aumento del servicio, señalando que “como organizaciones sindicales, universidades nacionales, como comerciantes; pero sobre todas las cosas como ciudadanos de esta querida Isla, no escatimaremos esfuerzos hasta lograr definitivamente que el error cometido en el incremento de las tarifas de gas sea subsanado”, concluye el petitorio.