En la central obrera crece el malestar por el techo que busca imponer el Ejecutivo a las paritarias y por distintos aspectos de la Ley de Modernización Laboral.

La estrategia cegetista combina el frente judicial con la presión sindical y política. Mientras avanza con presentaciones ante la Justicia para cuestionar artículos de la reforma laboral, la conducción de la CGT también evalúa convocar a un nuevo paro general si el Gobierno continúa interviniendo en acuerdos salariales ya firmados entre sindicatos y cámaras empresarias.

Uno de los principales focos de conflicto gira en torno a la decisión del Ejecutivo de no homologar acuerdos paritarios que superen determinados porcentajes de aumento salarial, en línea con el objetivo oficial de desacelerar la inflación. Desde la central obrera sostienen que esa política implica una “intromisión” en la negociación colectiva y una pérdida de autonomía sindical.

En ese contexto, dirigentes sindicales advirtieron que existe un creciente clima de conflictividad en distintos sectores productivos y de servicios. La CGT considera que la caída del poder adquisitivo, sumada al ajuste económico y al freno sobre las paritarias, está generando presión sobre las bases gremiales y podría derivar en nuevas protestas en las próximas semanas.

Al mismo tiempo, la central mantiene su disputa judicial por la competencia del fuero laboral para intervenir en causas vinculadas a la reforma impulsada por el oficialismo. La conducción cegetista entiende que varios puntos de la normativa vulneran derechos constitucionales y afectan garantías históricas de los trabajadores.

La posibilidad de una nueva huelga general comenzó a debatirse en reuniones reservadas de la mesa chica de la CGT, aunque por el momento no existe una fecha definida. No obstante, distintos dirigentes adelantaron que si el Gobierno persiste en bloquear homologaciones salariales y avanzar con medidas de flexibilización laboral, la central podría endurecer su plan de lucha en el corto plazo.