El entendimiento se alcanzó en el marco del diálogo social con el Ministerio de Función Pública y será desarrollado en reuniones técnicas durante el mes de enero. La reducción de la jornada alcanzará exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras de la administración estatal y no incluirá a las Fuerzas Armadas ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco tendrá impacto en empleados públicos de comunidades autónomas ni de gobiernos locales.

Desde UGT destacaron el carácter histórico de la medida. “El compromiso es implantar la jornada de 35 horas ya en febrero. De concretarse, sería la primera vez que se aplica de forma generalizada en la Administración General del Estado”, señaló Carlos Álvarez, secretario de Administración del Estado de UGT Servicios Públicos.

Actualmente, la jornada semanal en la administración estatal es de 37,5 horas. Aunque muchas administraciones autonómicas y municipales adoptaron las 35 horas desde los años noventa, el Estado quedó al margen, una situación que se profundizó tras los recortes de 2012, cuando se prohibió establecer jornadas inferiores a ese límite. Esa restricción recién se levantó con los Presupuestos Generales de 2018, lo que permitió que otros niveles del Estado recuperaran la reducción horaria.

Para hacer efectiva la medida, Función Pública convocará en enero a los distintos ministerios para definir cómo se aplicará la nueva jornada según las características de cada servicio. Los sindicatos anticiparon que podrían existir excepciones puntuales “en función de las necesidades organizativas o de la naturaleza de determinados puestos”.

El acuerdo también incluye el impulso del teletrabajo en la Administración General del Estado. Sin embargo, su implementación será más gradual. “El teletrabajo necesita una regulación más profunda en aspectos organizativos, tecnológicos y de control de la actividad”, explicó Álvarez, quien remarcó que el proceso comenzará a discutirse desde enero.

Estas definiciones forman parte del nuevo Acuerdo Marco de Condiciones Laborales, que ya contempla mejoras salariales para el sector público. En ese marco, la comisión de seguimiento volverá a reunirse el próximo 29 de enero para conformar grupos de trabajo sobre Igualdad, Digitalización e Inteligencia Artificial, Salud Laboral y Empleo Público, con el objetivo de avanzar en la modernización del Estado y en mejores condiciones de trabajo.

Además, CSIF propuso sumar nuevos espacios de discusión sobre Promoción Interna y Clasificación Profesional, Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, y Derechos Laborales. Según el sindicato, se trata de “reivindicaciones históricas del personal estatal que necesitan respuestas concretas” y que podrían ampliar el alcance del acuerdo alcanzado.