En una movida de ajedrez judicial, los dirigentes sindicales del gremio camioneros Hugo y Pablo Moyano pidieron que la causa por presunto espionaje ilegal que tramita en el fuero federal de Lomas de Zamora siga su curso pero en la localidad de Dolores, donde el juez Alejo Ramos Padilla investiga la hipótesis de una banda “paraestatal” que habrían conformado el fiscal federal Carlos Stornelli, el fiscal bonaerense Juan Ignacio Bidone, el falso abogado Marcelo D’Alessio y periodistas, según se desprende del escrito al que accedió el portal Letra P.

Daniel Llermanos, abogado de los Moyano, planteó que la causa que tramita en Dolores es anterior a la de Lomas de Zamora y en la primera se detectaron actividades de espionaje ilegal sobre los dirigentes gremiales. Por ese motivo, entre otros, considera que el juez natural para la conexión Moyano es Ramos Padilla.

De concretarse este reacomodamiento judicial, se abre un nuevo frente de tormenta que puede complicar a Juntos por el Cambio, cuyos operadores pugnan para que todas las causas terminen en el cuestionado fuero federal de Comodoro Py, donde el macrismo tiene un clima más favorable.

Tal como informó el portal Letra P, Ramos Padilla fue uno de los jueces más incómodos para el macrismo. Fue quien procesó al fiscal Stornelli, uno de los magistrados que mejor sintonía fina tuvo con Casa Rosada desde 2015 a 2019. Fue designado juez subrogante durante el kirchnerismo y desde su nombramiento abandonó el ejercicio particular de la abogacía para sumarse al Poder Judicial.

En el año 2017, declaró ilegal los cortes a usuarios que no pudieran afrontar el pago de las tarifas de gas y dos años antes había declarado la inconstitucionalidad de los decretos de designación de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para la Corte Suprema.

La causa denominada Dalesiogate también tiene en la mira a las diputadas nacionales Elisa Carrió y Paula Olivetto, quienes, se sospecha, se habrían servido de los servicios de inteligencia para formar parte de operaciones mediáticas judiciales conocidas como lawfare. La lista de personas físicas espiadas es muy abultada.

Hasta el momento, Ramos Padilla dio por acreditado en su investigación que los intrusos conforman una organización delictiva por fuera de la órbita del Estado argentino, pero los dirigentes camioneros entienden que ellos fueron perseguidos por funcionarios públicos, provinciales y nacionales.

En ese laberinto apuntan al fiscal Sebastián Scalera, uno de los predilectos del procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand. Entienden que Scalera y el falso abogado D’Alessio produjeron hechos “procesales” que “fascinaron a periodistas estrechamente vinculados al Poder Ejecutivo por intermedio de la AFI y del Ministerio de Seguridad” que estaba en cabeza de Patricia Bullrich.

La solicitud impulsada por Hugo y Pablo Moyano debe ser resuelta por Ramos Padilla. Si esta trama pasa a la jurisdicción de Dolores, los sindicalistas se aseguran contar con un juez que ya demostró no temerle al poder turno. Fue uno de los pocos magistrados del país que se animó a dictar resoluciones ajustadas a derecho pero contraria al clima político de época.