Los gobiernos provinciales empiezan a enfrentar una situación que se extiende en todo el país: el colapso de economías familiares a causa de las deudas que tomaron para subsistir y se les vuelven impagables. El desendeudamiento se ha convertido en una nueva prioridad de gestión estatal para garantizar la paz social.

En ese sentido, Corrientes ya dio el primer paso y avanzan iniciativas en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, junto con dos proyectos de ley presentados por diputados del bloque de Unión por la Patria en el Congreso de la Nación.

En lo que respecta a las provincias, la tendencia surge como respuesta defensiva ante un modelo económico que sigue prometiendo beneficios a futuro pero en los últimos dos años no generó ni empleo ni consumo interno.

Valdés y el Banco de Corrientes

En Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés lanzó el programa “Corrientes Sostiene”, iniciativa que inyectará 130.000 millones de pesos a los créditos a través del Banco de Corrientes.

Gustavo Valdés. Corrientes lanzó un plan de regularización de deudas para las familias.

El objetivo es directo: rescatar a 89.000 familias atrapadas en los intereses usurarios de tarjetas de crédito. El plan permite refinanciar saldos en cuotas fijas con tasas 29 puntos más bajas respecto dal mercado tradicional.

Desde la gobernación admiten que la medida busca aliviar el ahogo financiero en una transición económica compleja. Para los sindicatos locales y trabajadores, este movimiento es una confesión de parte dolorosa: el salario no alcanza para cubrir la canasta básica y el endeudamiento es la única vía de subsistencia para los trabajadores.

Iniciativa en Entre Ríos

En Entre Ríos, el diputado peronista Juan José Bahillo impulsa un proyecto de ley para desendeudar a trabajadores públicos. La iniciativa analiza los «códigos de descuento», mecanismo por el cual financieras y mutuales «muerden» el salario directamente del recibo antes de que el trabajador vea un peso.

El proyecto propone que el Estado provincial absorba esas deudas a cambio de créditos con tasas bajas y plazos extendidos.

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que la morosidad en sectores no bancarios escaló peligrosamente y los aumentos paritarios terminan absorbidos por deudas tomadas en condiciones desfavorables, perdiendo impacto real en la capacidad de compra.

El diputado enfatiza que no se trata de «un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis de ingresos que se profundiza día tras día».

Deudas y Defensa del Consumidor

En la provincia de Buenos Aires, el proyecto legislativo de la diputada Ana Luz Balor (UP) apela a la ley de Defensa del Consumidor y propone incorporar la figura del sobreendeudamiento a dicha norma.

La clave del proyecto es la creación de una instancia de mediación obligatoria que permita renegociar las deudas. Esa instancia, además, suspende por 90 días las acciones judiciales, incluyendo embargos o ejecuciones.

En tanto, el Congreso Nacional tiene dos proyectos presentados aunque con menos chances de avanzar, ya que el oficialismo libertario no tiene el tema en su agenda.

Uno lleva la firma de los diputados de extracción sindical Mario Manrique y Hugo Yasky, junto con la de otros cinco legisladores del peronismo, y propone la creación del Régimen Esencial para el Desendeudamiento de las Familias Argentinas (RED), con quitas de intereses y punitorios sobre créditos relacionados con el consumo cotidiano, y la propuesta de que el Estado les compre deuda a los acreedores.

El otro, de la diputada Roxana Monzón, también acude a planes de pago extendidos (hasta 36 cuotas), quita de punitorios y gastos administrativos, tasas de interés reguladas y períodos de gracia de hasta 90 días.