Los haberes jubilatorios en Argentina registran una pérdida acumulada del 27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización dispuesto por el gobierno de Javier Milei a partir de diciembre de 2023, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La modificación se instrumentó a través del DNU 274/2024, que reemplazó el esquema de movilidad establecido por la Ley 27.609 por uno basado exclusivamente en la inflación.

De acuerdo al estudio, esta decisión fue una de las principales herramientas que permitió a la administración libertaria alcanzar el superávit fiscal, a costa de un fuerte ajuste sobre los ingresos previsionales. El documento, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, estima que tras los aumentos por inflación de diciembre la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886.

Sin embargo, si hubiese continuado vigente la fórmula anterior, el haber mínimo alcanzaría los $434.279. La diferencia es contundente: una brecha mensual de $93.393 que hoy pierden los beneficiarios del sistema previsional.

Una fórmula eliminada en el momento clave

El informe del CEPA sostiene que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”. En ese sentido, remarca que la modificación por decreto se concretó en el “preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.

El esquema derogado se basaba en la evolución de la recaudación de la seguridad social y de los salarios, dos variables que presentan un rezago temporal y que permiten recuperar poder adquisitivo cuando la inflación comienza a desacelerarse. En contraste, el sistema actual atado al índice de precios “impide nuevas pérdidas, pero también bloquea cualquier posibilidad de recuperación” de lo ya resignado.

El bono congelado, el golpe más duro

La situación es aún más crítica para quienes perciben la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, ese refuerzo permanece fijo en $70.000, lo que provocó una fuerte licuación de su valor real.

Según el análisis, mientras los haberes jubilatorios se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 un 154%, la jubilación mínima con bono incluido apenas aumentó un 101%. Para que el bono mantuviera su poder de compra original frente a la evolución del haber básico, en diciembre de 2025 debería ubicarse en $177.485.

La diferencia —$107.485 mensuales— representa, según el CEPA, el recorte efectivo que sufren los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización de este complemento. En este marco, el informe puntualiza que “las jubilaciones con bono se ubicarán 16,8% por debajo” de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión de gobierno anterior.

Retroceso histórico y vetos presidenciales

El estudio también incorpora una mirada histórica que refuerza la magnitud del ajuste. El inicio de la actual gestión implicó un “rápido retroceso de los haberes”: una caída del 26,3% para las jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que sí lo perciben. Estos valores dejan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990.

A este escenario se suman los vetos del Poder Ejecutivo a leyes sancionadas por el Congreso que buscaban recomponer los ingresos del sector. En particular, el informe recuerda que en agosto de 2025 se vetó una norma que contemplaba un aumento excepcional del 7,2% —para completar la inflación de enero de 2024— y la actualización del bono a $110.000.

De haberse promulgado esa ley, la jubilación mínima con bono “hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido en los meses posteriores a la asunción de Milei”, señala el CEPA.

Fin de la moratoria y más exclusión

Finalmente, el trabajo advierte que la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava aún más la situación de los adultos mayores. Sin esta herramienta de inclusión, el centro de estudios alerta que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no reunir los 30 años de aportes.

En esos casos, la única alternativa es acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y exige una edad mayor para las mujeres, profundizando las desigualdades del sistema previsional en un contexto de fuerte ajuste social.