Por Diego Lanese.

En octubre del año pasado, la firma Electrolux suspendió a unos 400 trabajadores, argumentando la caída en las ventas de electrodomésticos nacionales. El largo proceso de crisis de la compañía, con sede en la ciudad de Rosario, llega hasta la actualidad: la empresa anunció recientemente un plan de retiros voluntarios. Lo llamativo es que, en pocas horas, se superó el cupo previsto para ese esquema.

Según se informó, la firma esperaba incluir a unos 100 de los 400 empleados que actualmente integran la plantilla, pero ya se registraron 130 inscripciones. El caso expone cómo este mecanismo se fue popularizando tanto en el sector privado como en el público y, en muchos casos, termina encubriendo procesos de destrucción de empleo.

Este año varias empresas recurrirán a esta figura para intentar desprenderse de personal, algo que en el Estado se volvió una constante. En ese sentido, hay diversas dependencias que mantienen abiertos planes de retiros, con datos que reflejan una significativa pérdida de trabajadores. La crisis industrial empuja este tipo de soluciones y, al mismo tiempo, incrementa la conflictividad laboral: desde enero de 2024 hasta el 5 de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país.

El retiro voluntario es, en términos legales, un acuerdo de desvinculación mediante el cual el trabajador acepta finalizar la relación laboral a cambio de una compensación económica calculada según su salario y antigüedad. En contextos de crisis del empleo y caída del consumo, muchas empresas recurren a este mecanismo para evitar conflictos derivados de despidos directos. Por eso, en numerosos casos los retiros voluntarios son considerados “despidos encubiertos”.

En los últimos años, este tipo de planes se multiplicó especialmente en el Estado y comenzaron a implementarse apenas asumió la presidencia Javier Milei. De hecho, la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado respondió a ese objetivo: reducir la estructura de organismos públicos y su plantel de trabajadores. Según el Gobierno, la meta es “reducir el sobredimensionamiento y aliviar el gasto salarial”.

En ese marco, se puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios en varios organismos estatales. La medida ya se implementó en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde el cierre del área de metrología legal y certificaciones implicará la salida de casi 200 empleados y se sumará a una reducción acumulada del 26 por ciento en los últimos dos años.

En el caso del Banco Nación, el plan oficial prevé recortar unos 1.500 puestos para cerrar el año con alrededor de 14 mil empleados, luego de que la dotación se redujera de 17.515 a 15.585 trabajadores en los últimos dos años. Sin embargo, fuentes consultadas por Data Gremial aseguraron que el número de retiros en la banca pública estaría “cerca de los 2 mil”.

“En especial se sumaron al plan mujeres de alrededor de 55 años y hombres de 60 años, a quienes se les paga el 70 por ciento del sueldo bruto, que incluso es más de lo que cobraban en actividad porque no se les descuenta Impuesto a las Ganancias”, señalaron las fuentes consultadas. A cambio, quienes aceptan el retiro dejan de percibir aguinaldo, premios u otras bonificaciones salariales.

Además, hay trabajadoras de hasta 50 años que se retiran con un 80 por ciento del salario, mientras que a los mayores de 60 se les abona el sueldo completo hasta que obtienen la jubilación. “Se fue mucha gente grande, pero no se achicó la masa salarial: lo que se redujo fue la dotación de personal que realiza tareas de atención al público”, explicaron las fuentes, en contradicción con los argumentos oficiales sobre los beneficios del mecanismo.

Como siguiente etapa del ajuste, el Gobierno apunta a la Dirección Nacional de Vialidad con el objetivo de reducir la planta de personal del organismo encargado de planificar, construir y mantener las rutas nacionales. La iniciativa llega después de que el año pasado fracasara el intento oficial de cerrar Vialidad y en paralelo al avance del esquema de privatización de concesiones viales.

Empresas se achican

En el sector privado, casos como el de Electrolux reflejan la profundidad de la crisis industrial, que llevó a que al menos 130 trabajadores intentaran adherir al plan de retiros voluntarios. El abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Pablo Cerra, explicó que esta situación suele tener un factor común: el endeudamiento de los trabajadores.

“El 99 por ciento de quienes se anotan lo hacen porque necesitan cobrar todo junto para salir de su estado de deudor”, señaló.

Un reciente estudio también menciona dificultades y repliegues en otras firmas vinculadas al mercado interno de electrodomésticos y equipamiento del hogar. Entre ellas aparecen Mabe, Eskabe y Lumilagro, compañías que enfrentaron problemas para sostener su producción local en un contexto de caída del consumo y deterioro de la actividad industrial.

El informe también identificó procesos de ajuste o reorganización en empresas industriales de otros rubros, como Acindar, Ferrum, Mirgor —con impacto en sus unidades IATEC, Famar y Brightstar—, Essen, Acerbrag y Vassalli. En estos casos se registran reducciones de actividad, reorganizaciones empresariales o cambios en las estrategias productivas.

En los últimos días de febrero también circularon versiones sobre desvinculaciones en la firma global de servicios profesionales PwC y sobre planes de retiros voluntarios y cierre de sucursales en bancos. Si bien las compañías relativizaron la magnitud de los movimientos, admitieron que atraviesan procesos de reestructuración.

En el caso de PwC Argentina, trascendió en redes sociales que habría hasta 200 despidos. Sin embargo, fuentes de la compañía desmintieron esa cifra y señalaron que las salidas oscilarían entre 40 y 60 personas dentro de una dotación total de 6.300 empleados.

En paralelo, el gremio La Bancaria advirtió sobre retiros voluntarios en el Banco Santander vinculados a un plan de cierre de sucursales. Desde la entidad confirmaron que este año se cerraron nueve oficinas, aunque aseguraron que eso no implicó necesariamente despidos.

Conflictividad en alza

La expansión de los planes de retiro voluntario no siempre es bien recibida y, en muchos casos, forma parte del incremento de la conflictividad laboral que generan los despidos y procesos de ajuste.

Así lo advierte un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó los conflictos laborales durante los primeros dos años del gobierno de Milei. A partir de una base de datos propia, el estudio releva variables como sector de actividad, tipo de conflicto, ubicación geográfica y empresas involucradas.

El relevamiento abarca los casos registrados entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026, identificados a partir del seguimiento de coberturas periodísticas y sitios web sindicales. De acuerdo con ese trabajo, en ese período se registraron al menos 717 conflictos laborales en todo el país.

El sector más afectado fue la industria, que concentró el 62,1 por ciento de los conflictos. Las ramas más golpeadas fueron la textil, la alimenticia y la metalúrgica-siderúrgica, en gran medida como consecuencia de la apertura importadora.

El sector servicios representó el 16,9 por ciento de los casos, con especial incidencia en recreación y esparcimiento —hotelería, restaurantes, bingos y casinos—, transporte, medios de comunicación y sanidad. El sector primario acumuló el 5 por ciento, con conflictos en hidrocarburos y servicios petroleros, pesca y minería.

El comercio concentró el 8,2 por ciento de los casos, con los supermercados como subsector más afectado, mientras que la construcción registró el 3,3 por ciento, principalmente en la obra privada.

Según el informe, la principal causa de conflicto durante el período analizado fueron los despidos, que explicaron el 63,6 por ciento de los casos. Le siguieron los cierres de empresas (12,3 por ciento), las suspensiones (10 por ciento) y las crisis empresarias (7,8 por ciento).

En ese contexto, el deterioro del empleo registrado aparece como telón de fondo: entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).