La falta de una propuesta salarial por parte de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y la Asociación de Estaciones de Servicio (AES) forzó la suspensión de la negociación. En diálogo con el portal Surtidores, el secretario gremial de la organización sindical, Carlos Acuña (h), confirmó que las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 28 de septiembre con la expectativa de que el empresariado acerque un ofrecimiento concreto.

El estancamiento en esta mesa paritaria contrasta con la situación del personal enmarcado en el CCT 488/07, suscripto con la Federación de Entidades de Combustibles (FEC), sector que ya pactó una recomposición salarial en tres tramos acumulativos:

Agosto: 1,9%

Septiembre: 1,9%

Octubre: 1,8%

Con el esquema acumulativo acordado en dicha paritaria, la grilla salarial mínima para un playero u operador de playa quedó fijada en $1.589.052 para el sueldo de agosto y en $1.619.094 para las liquidaciones de septiembre, mientras que alcanzará los $1.647.357 durante el mes de octubre. A estos montos básicos se agregan los correspondientes adicionales por antigüedad, asistencia y manejo de fondos. Además, la FEC y el gremio fijaron una instancia de revisión de la pauta salarial para mediados de noviembre.

Dado que la negociación colectiva de la actividad no se aplica de manera automática a la totalidad de las pymes de expendio de combustible, cada cámara negocia los términos salariales con la representación gremial en actas independientes. Por este motivo, miles de trabajadores de los establecimientos vinculados a CECHA, FECRA y AES deben aguardar el desenlace de su propia paritaria.

La discusión salarial se da en un contexto complejo. Desde la representación de los trabajadores remarcan la urgencia de reajustar los básicos para evitar el deterioro del salario real frente a la inflación reinante, mientras que la patronal plantea que la masa salarial conforma un componente central dentro de una estructura de costos ahogada por las tarifas de servicios públicos, la seguridad, el mantenimiento edilicio y las cargas fiscales fijas necesarias para operar. Se aguarda que la reunión del 28 de septiembre destrabe el conflicto y equipare los ingresos del sector.