La semana pasada, una avalancha humana recorrió las calles de las principales ciudades francesas en rechazo al proyecto de reforma de la jubilación presentada por el gobierno Macron, que extiende la edad de retiro y suprime los regímenes jubilatorios especiales.

Unas dos millones de personas, convocadas por un amplio espectro de organizaciones sindicales (CGT, CFDT, Force Ouvrière, Cfe-Cgc, Unas, Solidaires, CFTC, FSU) se movilizaron el pasado 19 de enero.

Fueron más de 200 las movilizaciones en todo el territorio nacional. En Paris el llamado de los sindicatos aglutinó a unas 400 mil personas. Masiva también la participación en Marsella (150 mil), Nantes, Toulouse y Burdeos (50 mil), Lyon (40 mil).

Si bien el Ministerio del Interior intenta minimizar el impacto de la respuesta ciudadana señalando la presencia de 1,2 millones de personas, se trataría de la movilización más impactante de las últimos tres décadas.

Sectores estratégicos como transporte, energía, educación, administración pública fueron afectados por huelgas masivas que podrían intensificarse en las próximas semanas.

Además, este sábado 21 de enero, la izquierda política nacional que gravita alrededor de la plataforma Francia Insumisa (France Insoumise), junto a organizaciones juveniles, movilizó a unas 150 mil personas en la capital.

El próximo 31 de enero, las diferentes siglas sindicales han convocado a una nueva movilización nacional.

Los diferentes frentes de lucha apuntan a impulsar una estrategia que optimice la capacidad de respuesta de la sociedad francesa: movilización sindical y huelgas cuyas duraciones se prolongarán exponencialmente en las próximas semanas, y protestas políticas durante los fines de semana que involucrarán a los no asalariados, a los precarizados, desempleados, estudiantes y jóvenes organizados.

Las razones de la protesta

La protesta apunta a contrarrestar el proyecto del gobierno Macron que prevé, entre otros, extender progresivamente la edad de retiro de 62 a 64 años, alargar la etapa de cotización de 42 a 43 años para obtener una pensión completa, así como eliminar gradualmente los regímenes jubilatorios especiales que benefician a los empleados de energía y transporte.

El objetivo es llegar a tener un solo régimen jubilatorio uniformando los actuales 42 regímenes existentes.

Además, se critica la escasa sensibilidad y desconocimiento del gobierno hacia aquellas categorías de trabajadores del sector público y privado que desempeñan labores desgastantes.

El texto de la reforma será sometido a voto del parlamento el próximo 6 de febrero y el objetivo es que pueda entrar en vigencia en verano de este año.

Las organizaciones sindicales advierten que se trata de una reforma brutal que “golpeará frontalmente el conjunto de trabajadores, especialmente aquellos que comenzaron a trabajar muy jóvenes, los precarizados, aquellos cuya esperanza de vida es inferior a la del resto de la población”.

Esta reforma –continúa el comunicado de las centrales obreras– agravará la precariedad y fortalecerá la disparidad de género. “Nada justifica una reforma tan brutal”, aseguran.

Para Frédéric Souillot, dirigente de Force Ouvrière, “si Emmanuel Macron quiere llevar a cabo su madre de todas las reformas, para nosotros será la madre de todas las batallas”.

“Si el gobierno no escucha y sigue impulsando esta reforma de la jubilación, las protestas podrían escalar cada semana, y será su responsabilidad por tratar de imponer un texto que los franceses no quieren”, aseguró Philippe Martinez, secretario general de la CGT.