Vuelve a hablarse de medidas de fuerza en el Municipio después de bastante tiempo. En este caso, podría decidirlas el Frente Sindical, que nuclea a los gremios ATE, Soyem y UPCN. Considera que el Ejecutivo debe disponer en lo inmediato el final del sistema de las guardias rotativas para dar lugar a la histórica bonificación por función, que existió hasta 1995, cuando fue eliminada como parte de una política contra a los derechos de los trabajadores.

El sector mantuvo una reunión con funcionarios del Gobierno la semana pasada y allí comprobó que se sigue hablando por hablar sin avanzarse en ninguna definición, pese a los compromisos asumidos tiempo atrás y que fueron celebrados por los propios sindicales. La realidad indica que no se ha concretado nada de lo previsto y que, por lo menos hasta ahora, no existen indicios como para ser optimista.

Las guardias rotativas son un mecanismo implementado por las sucesivas administraciones comunales desde la época de Julio Arriaga para abonar un plus al personal que se desempeña como inspectores del área de Fiscalización. Sin embargo, no tiene los alcances económicos de la vieja bonificación y tampoco se extiende al conjunto de los trabajadores del Municipio, en porcentajes decrecientes.

Ayer, el referente Héctor Aguilar manifestó que, ante la indefinición en que se encuentra el tema, se le pidió al secretario de Gobierno, Diego Vázquez, que responda por escrito al reclamo del FS, para que quede documentada la posición oficial sobre la materia. El texto se espera para los próximos días y sus precisiones serán puestas a consideración de una asamblea de municipales, que deberán decidir la respuesta que se dará, de acuerdo con su contenido.

Sin embargo, hay otros asuntos más que preocupan a los gremialistas y que, según como se vayan perfilando, podrían abonar el camino a protestas. Una de ellas se relaciona con el hecho de qué pasará con el personal contratado a fin de año, cuando opera la finalización del vínculo. Existe temor de que el Ejecutivo resuelva aplicar la tijera y recortar el número de agentes de esa categoría, debido a la meta que se ha propuesto de contar con una planta de empleados que no exceda los estándares mundiales. El tijeretazo podría dejar sin su fuente laboral a entre 200 y 400 personas.

Al FS también lo inquieta la creciente pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que ha mellado el acuerdo de meses atrás. Por eso evaluarán la posibilidad de reabrir la discusión con el Ejecutivo para un incremento para los meses finales del año.

1700 empleados tiene la comuna, según estimaciones. De ese total, la amplia mayoría son contratados. Desde 1995 muchos de los derechos que gozaban todos los trabajadores fueron eliminados.