El FreSU, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA) solicitaron una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es para que el Estado Argentino de respuestas por las “consecuencias nocivas (de la reforma laboral) para los derechos al trabajo, a trabajar en condiciones dignas y satisfactorias, a la huelga y a la libertad sindical».

La cita será el 4 de agosto a las 15 horas de Argentina. Se estima que el encuentro presencial en Washington durará 1 hora y 20 minutos y allí un representante del Estado argentino va a tener que dar explicaciones ante la CIDH en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias del organismo internacional.

Ese día expondrán los secretarios Generales Pablo Biró (APLA), Rodolfo Aguiar (ATE), Clara Chevalier (Conadu), el secretario adjunto de Sipreba, Francisco Rabini, representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas (Mariana Amartino y Matías Cremonte) y de la ANJUT (Asociación Nacional de Jueces del Trabajo), presidida por Juan Orsini.

Durante la audiencia, el FreSU denunciará, adicionalmente, diferentes situaciones de persecución política sobre dirigentes y organizaciones sindicales.

La solicitud de la audiencia sobre el impacto de la reforma laboral (Ley 27.802) argumenta que la norma “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”.

Además que “la ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas” y que “restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical”.

Para el FreSU, la reforma laboral “deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”.

Por último pone el foco en el hecho de que “el proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión” y que “las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con un único objetivo: evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”.