Las empresas de delivery Glovo, Rappi y PedidosYa informaron que apelarán el fallo del juez Roberto Gallardo que ordenó suspender su actividad y solicitó a la Policía de la Ciudad que realice operativos de control sobre los motociclistas y ciclistas que transportan pedidos.

En un comunicado conjunto dijeron que ratifican su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de sus repartidores, pero expresaron su preocupación y rechazo "hacia una medida que busca suspender de modo arbitrario la fuente de ingresos de un gran número de personas en la ciudad de Buenos Aires".

Según las firmas, más de 20.000 personas trabajan eventualmente con ellos llevando y trayendo pedidos, mientras que otras 700 forman parte de los equipos comerciales y de atención de las plataformas. Los comercios que están asociados a sus servicios, en tanto, ascienden a más de 12.000.

"Las plataformas cumplen con las normas y regulaciones locales y nacionales, y también han respondido en tiempo y forma a las resoluciones dictadas anteriormente por el juzgado en tal sentido. Por estos motivos informan que apelarán la sentencia y las medidas cautelares para lograr la suspensión de las mismas", afirmaron.

Y, en consonancia con lo declaró el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijeron que se encuentran dialogando en una mesa de trabajo"conscientes que toda disrupción tecnológica puede traer de la mano diferencias en los enfoques que deben ser resueltas con el trabajo conjunto de todos los sectores".

"Las tres empresas nos unimos en una mesa de trabajo común junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato y la cámara empresarial, con el objetivo de colaborar para continuar desarrollando la actividad y encontrar nuevas maneras de impulsar su crecimiento dentro de un marco regulatorio acorde. Estamos siempre abiertos al diálogo porque entendemos que esa debe ser la actitud de las empresas innovadoras y por lo mismo consideramos que el debate debe generarse en un contexto en el que no se ataque al trabajo ni a todos los que formamos parte de la actividad", concluyeron.

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La resolución del titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 tuvo como fin ejecutar lo resuelto el 10 de julio por la Cámara de Apelaciones del mismo fuero que le daba un plazo de diez días a las empresas y cinco al Ejecutivo porteño para regularizar la actividad o, al menos, prohibir que los motociclistas y ciclistas que transportan pedidos circulen sin casco e indumentaria con bandas reflectantes.

La resolución, según fuentes judiciales, debía tener efecto inmediato y las partes, una vez notificadas, tenían que cumplir con lo ordenado porque de lo contrario podían ser denunciadas penalmente por desobediencia. Las empresas de delivery y de tarjetas de crédito dijeron desconocer cualquier tipo de circular judicial por lo que la operación era normal. La Policía de la Ciudad, en cambio, sí recibió el aviso para desplegar operativos de control.

En estos controles ordenados por Gallardo la policía debe identificar a los repartidores de Rappi, Glovo o PedidosYA y controlar que utilicen el casco, el chaleco refractario, la caja fija a la moto o bicicleta -no como si fuese una mochila- y contar con libreta sanitaria. Si no se respetan esos requisitos la mercadería será decomisada y remitida al área de análisis bromatológico del Gobierno de la Ciudad o al laboratorio de análisis químicos de la Policía. Los repartidores no serán demorados ni detenidos.