Tanto de parte del Gobierno como de los médicos se abrió la posibilidad de un diálogo para tratar el problema de la Ley de Emergencia Sanitaria y frenar el anuncio de movilizaciones, pero no existen visos de realizarse pronto.
Según el Consejo Nacional de Salud (Conasa), “no hay respuesta” de parte del Gobierno a las solicitudes de audiencia y la “voluntad de diálogo” que expresaron, sólo fueron para la prensa.
Pese a las advertencias de los trabajadores de salud, para ayer en la tarde se anunció la promulgación de la ley por el presidente Luis Arce.
Ante este anunció, el Conasa dio 24 horas al Gobierno para que les convoque a discutir la ley; caso contrario, advirtieron con protestas que llegarán al paro indefinido.
Hasta el final de la noche, Arce no promulgó la ley, no se concretó ningún encuentro y los trabajadores de salud ratificaron el inicio de medidas de presión, aunque no precisaron el día debido al largo fin de semana por los feriados del Carnaval.
Cuestionamientos
La ley contempla políticas de inmunización, contratación de personal y control de medicamentos para enfrentar futuras crisis en el sistema de salud.
Según el análisis jurídico de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Seguridad Social, la norma vulnera mandatos constituciones, legales y recomendaciones de la OIT.
Su contenido presenta enormes falencias en particular en relación al Consejo Nacional para Emergencias Sanitarias, “del cual no se llega a conocer sus competencias que justifique su existencia ni su utilidad para las actuales circunstancias de crisis sanitaria”, señala el informe.
Por otra parte, observa que la ley anuncia buscar fortalecer la labor del Ministerio de Salud, pero no incorpora ninguna nueva atribución a tal cartera de Estado que resulte relevante; por el contrario, termina por develar, en los hechos, la actual ineficacia y falta de idoneidad en el manejo de la actual situación crítica de la pandemia de Covid-19.
Tras la propaganda de ser una ley para encarar la actual crisis sanitaria, “el Gobierno sólo busca sacar ventaja política económica afectando competencias de Gobiernos subnacionales, esgrimir amenazas contra los derechos de huelga y protesta del sector salud, incumplir su obligación de dotar de ítems institucionalizados y promover contratos con cláusulas de confidencialidad en los procesos de contratación”.
“Un texto legal de esta naturaleza termina resultando una ley mamarracho”, concluye el informe.
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