Compañeros/as:

Mediante una resolución claramente intimidatoria, antisindical, ilegal y violatoria de derechos consagrados por la Constitución Nacional y Convenios Internacionales de la OIT ratificados por nuestro país, la Secretaría de Trabajo heredera del nuevamente desaparecido Ministerio del área pretende sancionar y multar a APA por haber convocado el pasado 24 de enero de 2024 a un paro general de actividades y movilización, adhiriendo a la convocatoria nacional efectuada por todas las centrales sindicales y numerosas organizaciones sociales.

La medida de fuerza, organizada por el conjunto de la clase trabajadora para denunciar y enfrentar tanto el DNU 70/23 como el proyecto de “Ley Ómnibus”, preparados por el gobierno para implantar un modelo de sometimiento a los intereses de los grandes poderes transnacionales y nacionales y empobrecimiento general del pueblo argentino, fue comunicado oportunamente por APA a sus afiliados, a las empresas involucradas y a la opinión pública, convocando a la huelga por 24 horas y a la movilización a partir de esa misma mañana.

En base a esa comunicación, las empresas aéreas, incluida la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas, reprogramaron sus vuelos y operaciones, comunicándolo a sus pasajeros y usuarios. Como es público y notorio, el paro nacional fue contundente y la paralización de la actividad aerocomercial fue casi total, salvo las excepciones de los gremios patronales-carneros de Flybondi y Jetsmart.

Sin embargo, el gobierno nacional, en complicidad con algunas gerencias de Aerolíneas Argentinas (en particular, la de Alejandro Morón) y otras empresas, montó un show judicial y mediático a través de un juzgado de la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, por el cual la Secretaría, pretende ilegalizar la medida de fuerza y sancionar a nuestro sindicato, llegando al extremo absurdo de intentar multar a la organización por ejercer sus derechos en una cifra multimillonaria, imposible de pagar.

Show que ya venía advirtiendo APA, denunciando a algunos funcionarios de esta Secretaría de Trabajo conducida por Omar Yasin y otros funcionarios mileístas-macristas, claramente orientada a favorecer a los sectores empresarios, y a la actual conducción de Aerolíneas Argentinas encabezada por Fabián Lombardo y ciertos gerentes, que no parecen entender que ellos también van a ser víctimas de la destrucción de nuestra aerolínea de bandera y las empresas estatales del sector Intercargo y Fadea.

En momentos en que el DNU 70/23 y la proyectada “Ley Ómnibus” se caen a pedazos, los trabajadores y trabajadoras aeronáuticos no vamos a permitir este ataque sistemático contra nuestros puestos y condiciones de trabajo y contra una política aérea que debiera estar al servicio de nuestro país y nuestro pueblo.