El Gobierno nacional explotó de bronca ante al fallo que suspendió parte de la reforma laboral y confirmó que apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que dejó en pausa artículos centrales de la Ley N° 27.802. La respuesta oficial llegó a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, con un tono que reflejó claro malestar frente a la decisión judicial y que representa un revés para los Milei-Caputo-Sturzenegger. 

En el documento, el Ejecutivo intenta respaldar la norma aprobada por el Congreso y sostuvo que se trata de una herramienta “fundamental” para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica, aunque la mayoría de los especialistas afirmaba en la previa que esto no sería tan así. En esa línea, remarcó que la ley fue sancionada por amplia mayoría en el Congreso y advirtió que “se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar su plena vigencia”.

El caso seguirá su curso en instancias superiores y en ese ámbito, el Gobierno buscará revertir el fallo y sostener la aplicación de una reforma que desde sus inicios y en el contenido, aparece con profundas inconsistencias sobre la eventual creación de puestos de trabajo y mejora del sistema registrado, algo que desde los gremios y la mayoría de los abogados laboralistas contratastaban con un modelo de producción e incentivos fiscales e industriales, algo que no figura en la modernización pretendida por el presidente.