Se acerca la hora en que los docentes decidan si aceptan o no la última propuesta salarial de la paritaria 2017, y el Gobierno parece estar jugado a que la respuesta sea un “sí”.

Por eso salió a seducir a los maestros con propuestas y medidas que, desde su visión, contribuirán con ese fin.

En primer lugar, el Ejecutivo señaló que piensa disponer $ 500 millones para que el Estado pague juicios atrasados y reclamos administrativos por adicionales de zona, que unos 12 mil docentes deberían cobrar y no han percibido en muchos años.

En segundo término, indicó que hoy puede ver la luz una resolución de la Dirección General de Escuelas que permitiría ampliar la vigencia de los certificados psicofísicos “hasta ocho años”.

Los docentes ya están votando “sí” o “no” a la propuesta en cada escuela y el viernes próximo por la mañana lo harán los delegados en los plenarios departamentales y por la tarde en el provincial. El gremio, en tanto, llevará la respuesta el miércoles que viene a la Subsecretaría de Trabajo.

La idea del Ejecutivo entonces es que estas acciones acompañen la oferta hecha el viernes pasado al SUTE, de 17% de aumento en dos tramos (10% en febrero, 7% en julio).

Y que todo, sumado a la posibilidad de reabrir paritarias en el último trimestre y a otros puntos, como la ayuda “útiles escolares” (que pasa de un pago de $ 500 a dos de $ 1.000), constituya un atractivo paquete para los educadores.

Aunque hay que entender que estos puntos -que implican desembolsos adicionales del Estado- están en lo que en la última reunión fue presentado como “propuesta A” del Gobierno, que se diferencia de la “propuesta B”, que no incluye nuevos montos y sólo se remite al incremento salarial ya presupuestado y a los acuerdos “no salariales” ya avanzados con el gremio docente. Es decir, es la forma en que quedaría el incremento “por decreto”, si los maestros rechazan lo que se les propone.

“Decisión política”

El “adicional por zona” es un ítem que muchos docentes cobran, dependiendo de la zona en la que esté ubicada la escuela en la que trabajan. Son montos que van del 10% al 130% del básico.

Pero, según dijeron en la Dirección General de Escuelas, “desde 1993” ha habido numerosas irregularidades en la distribución de las zonas, que generaron “desigualdades”.

Así, hay casos de edificios en los que funcionan dos escuelas, una de las cuales figura con zona y la otra no.

Esto generó progresivamente cada vez más reclamos de maestros que entendían que debían percibir los respectivos adicionales.

“En 2010, el entonces director general de Escuelas, Carlos López Puelles (gobierno de Celso Jaque), empezó a reconocer la existencia de esas deudas, aunque dejó ‘para más adelante’ los pagos”, se quejaron en el gobierno actual.

“(María Inés) Abrile de Vollmer (gestión de Francisco Pérez) también hizo reconocimientos, y tampoco pagó”, añadieron.

“Eso habilitó la judicialización de los reclamos”, añadieron.

En la actualidad “60% son juicios que el Estado nunca pagó”, aseguran.

La idea de Alfredo Cornejo es crear “un programa de cancelación” de esas deudas. “Se les pagará a los que tienen juicio y a los que sólo han hecho el reclamo administrativo”, confirmó el representante paritario de la DGE, Gabriel Sciola.

Adrián Mateluna, titular del SUTE, se mostró distante de la oferta. “Es obligación del Estado pagar esos juicios. Es casi una actitud extorsiva ponerlo en la paritaria”, señaló.

En contraposición el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, defendió la idea: “Hay una decisión política de pagar. Algo que no se hizo antes”.

Mayor tiempo de aptitud

El tema de la duración de la vigencia de los certificados de aptitud psicofísica también es arrastrado de gestiones anteriores. Actualmente, cada certificado extendido tiene una validez de dos años. “Pero desde 2012 hay problemas en la renovación y estamos analizando extenderlos”, informó Sciola.

El funcionario señaló también que “aún no se define” cuánto tiempo tendrán vigencia las nuevas certificaciones. Pero reconoció que posiblemente hoy se defina que sea “ocho años”.

Al menos así se espera que suceda con aquellos que se extendieron en 2012 y que aún no se renovaron. Pero, como afirmando la posición dadivosa del Gobierno, los nuevos certificados posiblemente también tengan esa duración.

La presión para terminar las discusiones

El Gobierno está seguro de que la propuesta “A” hecha a los maestros es “lo mejor que se puede ofrecer”.

Por eso, hasta ha salido a difundir el sitio web donde cada docente puede hacer la simulación de salarios con el incremento y los adicionales presentados (www.trabajadorpublico.mendoza.gov.ar).

Además, como una especie de presión adicional, resalta los acuerdos logrados.

En tal sentido, destaca que ya son 12 los sectores que aceptaron la propuesta de 17% en dos tramos: Administración Central, regímenes 15 y 17 de Salud, Parques y Zoológico, Fiscalía de Estado, Legislatura, Fondo para la Transformación y Crecimiento, EPAS, Tribunal de Cuentas y Subsecretaría de Trabajo.

En tanto que hasta ahora hubo un solo rechazo, el del personal del Casino, que recibirá el aumento por decreto, como ya se confirmó.