El gobierno nacional fortaleció su intención de avanzar con una baja generalizada de precios a través de la Ley de Góndolas. Lo hizo a través de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, que salió a defender las acciones en los supermercados.

Es que las empresas alimenticias se vieron envalentonadas esta semana por la confirmación de la llegada de Daniel Funes de Rioja a la Unión Industrial Argentina. El empresario alimenticio, presidente de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL), es un lobista dela patronal.

Así, empresas como Arcor, Molinos, Mastellone y Mondelez vieron la posibilidad de que se frente el avance de la Ley de Góndolas, para poder continuar con su plan de subida de precios indiscriminada, y continuar presionando sobre los índices de pobreza y marginalidad.

Desde el Gobierno, sin embargo, no dieron marcha atrás, y continuarán con los controles para que las principales empresas alimenticias, que concentran el 90% del mercado de Alimentos y Bebidas del país, cedan espacio en las góndolas a las PyMEs.

El Gobierno acelera controles

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, sostuvo que en el marco de una inflación que alcanzó al 17,6% en el primer cuatrimestre del año es importante que se siga manteniendo el sistema de Precios Cuidados.

Para ello, aplica herramientas como la Ley de Góndolas, el régimen de Precios Cuidados y la suspensión de las exportaciones de carne vacuna para combatir la inflación, y hacer que las empresas alimenticias dejen de presionar sobre la pobreza y la marginalidad.

Las declaraciones de Todesca fueron luego de finalizado el encuentro del Gabinete Económico que había comenzado en la Quinta de Olivos, minutos antes de las 11 del jueves, informaron fuentes oficiales.

Durante el encuentro se repasó «la situación de la inflación, de las herramientas que tienen el Estado en esta situación en particular, con un gran aumento de los precios internacionales, y su golpe sobre Argentina», dijo la funcionaria.

La inflación de las alimenticias, en la mira

En el marco de una inflación que alcanzó al 17,6% en el primer cuatrimestre del año «es importante que sigamos manteniendo el sistema de Precios Cuidados, que las personas lo puedan ver con claridad» cuando van al supermercado, sostuvo.

Junto con este programa, «también se está trabajando en la (aplicación de la) Ley de Góndolas, para que el supermercado no esté ocupado solo por dos o tres grandes empresas, sino que haya productos de las pymes y de la economía popular», agregó.

«Esto lleva tiempo de implementarse pero es un cambio sustantivo porque habrá más oferta, y si hay más oferta, hay más competencia y todos tienen más oportunidades», explicó Todesca al defender la Ley de Góndolas.

Suspensión de exportación de carne

Con respecto al precio de la carne vacuna y la suspensión de las ventas al exterior, la funcionaria explicó que siguen «discutiendo cómo equilibrar las oportunidades de exportación que tiene el país, con el mercado interno”.

Sucede que, en ese punto es dónde está claro que afecta muy fuerte en el bolsillo de las familias trabajadoras que están padeciendo los aumentos indiscriminados de las empresas de Alimentos y Bebidas.

Todesca también ponderó el «aumento importante de los ingresos tributarios» equivalente a un punto del PBI, merced a las modificaciones que se hicieron en la ley de Solidaridad Social, la reactivación productiva y el aporte extraordinario de las grandes fortunas.

A eso también se le sumaron los ingresos extraordinarios por los pagos de derechos de exportación, ante los mejores precios internacionales del sector agropecuario, «que es la contracara del aumento de los precios internacionales», precisó.

La patronal alimenticia, confía en el lobby

Esta semana las empresas alimenticias dieron muestras de su voluntad de interferir en la política del Gobierno, para que se les permita tener privilegios exclusivos en la suba generalizada de precios, y así mantener sus intereses.

Lo hicieron al celebrar la llegada de Daniel Funes de Rioja a la Unión Industrial Argentina (UIA) la entidad empresaria del sector industrial que ahora será presidida por el titular de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL).

Es que es una señal de la voluntad de las empresas del sector de querer ampliar sus privilegios y de salir a expandir sus objetivos sectoriales, anteponiéndolos a los intereses y las necesidades de la sociedad.

Eso es, precisamente, lo que las empresas del sector no quieren, perder los privilegios que le permitían, hasta ahora, subir indiscriminadamente los precios de sus productos más allá de cualquier coyuntura y contexto social.

Tanto fue esa situación que en los últimos días se conoció que las empresas de alimentos y bebidas subieron precios en el orden del 300% durante los últimos cuatro años, una cifra que arroja un promedio de más del 80% por año.

Subir precios, aunque aumente la pobreza

Si se tienen en cuenta, en este sentido, los datos de pobreza y el crecimiento exponencial de esas cifras, no se puede dejar de mencionar este crecimiento de los precios de las empresas de alimentos y bebidas.

Es que las empresas gigantes del sector continúan con su política de aumentar los precios como sea, y sostener sus privilegios, profundizados durante el gobierno de Mauricio Macri, y que ahora buscan perpetuar.

Es por ello que tanto la COPAL como los empresarios del sector alimenticio de las cuatro empresas que concentran el 90% del mercado alimenticio de nuestro país, salen a victimizarse y a pedir que se le extiendan los privilegios.

Sin embargo, el Gobierno insiste que la Ley de Góndolas fue sancionada por el Congreso con la idea de “contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores”.

Ello, para mantener “la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos” y con la finalidad de “evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado”.

Además de ampliar la oferta de productos de PYMES y de fomentar “la oferta de productos del sector de la agricultura familiar”, esto permite que las alimenticias dejen de formar precios y cartelizarlos acordando con los supermercados subas sin criterio.