Por David Correa

El enero de vacaciones mantiene activos a los gremios estatales en varias provincias. En La Pampa, la Intersindical se declaró en estado de alerta permanente en el cierre de la semana y reclamó que el gobierno provincial reabra la paritaria salarial el próximo 15 de febrero. En San Luis, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le exigió una urgente actualización de los haberes al gobernador Claudio Poggi y le pidio que detenga lo que definió como "un ajuste sobre los trabajadores estatales y que deje de priorizar la especulación financiera con fondos públicos". En Santa Cruz se tensó la relación del jefe provincial Claudio Vidal con la docencia por una sanción millonaria en contra del gremio del sector.

En La Pampa, la Mesa Intersindical de Gremios Estatales realizó este último viernes una conferencia de prensa en la sede del gremio de Luz y Fuerza, en la que se declaró en estado de alerta y movilización y le solicitó al gobernador Sergio Ziliotto que el 15 de febrero se inicie la paritaria salarial. "Vamos a desplegar un plan de acción hasta que nos confirmen. Si nos confirman, detendremos el plan de lucha", sostuvo el dirigente Julio Acosta, de Luz y Fuerza. "Estamos diciendo que si no hay paritaria vamos al conflicto. Queremos el diálogo y no le queremos hacer el juego a la derecha, apuntamos al Gobierno nacional, pero en el medio se nos cruza el gobierno provincial que no nos da respuestas", señaló.

La decisión gremial de profundizar el reclamo se produjo como consecuencia del reiterado pedido de un bono de fin de año y que el gobierno provincial rechaza. La semana pasada hubo una concentración frente a la Casa de Gobierno, en Santa Rosa, para reclamar la reapertura de paritaria, aumento y el bono de fin de año pero no hubo respuestas. La Intersindical está integrada por dos CTA, Unión Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), ATE, el Sindicato de Los Trabajadores de la Salud Pampeana (SiTraSaP), la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (Apel), Judiciales, Viales, Municipales y Luz y Fuerza, entre otros.

El malestar se incrementó en las últimas horas cuando el gobernador Sergio Ziliotto, durante una entrevista, rechazó el pedido de los gremios por "la estrechez financiera que tiene la provincia". Justificó su postura en que cayeron en más de un 10% los recursos previstos para 2025 pero "igual se dio un aumento de 11 puntos por encima de la inflación". "Está demostrado que una de las prioridades que tenemos son los salarios. Proyectamos el 39% de incidencia del salario en el Presupuesto y terminó arriba del 45%", explicó. Consultado en Radio Kermes sobre si hay posibilidades de pagar el bono de fin de año que reclaman los estatales, Ziliotto fue claro: "Hoy los números no lo permiten".

El fuerte contrapunto entre la dirigencia estatal provincial y el mandatario pampeano se produce en medio de un clima de tensiones cruzadas por el encuentro que no fue entre Sergio Ziliotto y el ministro del Interior Diego Santilli, que se suspendió en dos ocasiones esta semana. Cada parte le adjudicó a la otra la falta de concreción. Como sea, mientras Ziliotto necesita generar condiciones que garanticen la paz social, la Casa Rosada está urgida de que el diálogo entre Santilli y el jefe provincial avance, en la cuenta regresiva hacia el debate en el Congreso del proyecto de reforma laboral oficial. Y cada voto vale en el Congreso de la Nación, en un contexto en el que ningún gobernador está dispuesto a resignar fondos.

"Estatales debajo de la línea de pobreza"

En las últimas horas, ATE San Luis reiteró el reclamo por una urgente actualización de los haberes de los trabajadores estatales que, según se aseveró, se encuentran por debajo de la línea de la pobreza e indigencia debido al atraso salarial que sostiene el gobierno provincial y los municipios.

El secretario general de la central gremial, Fernando Gatica, sostuvo que "el gobierno provincial debe dejar la especulación financiera con fondos del Estado, frenar el ajuste salvaje sobre los estatales y garantizar fondos a los municipios". "2026 no puede empezar sin aumento del poder adquisitivo del salario estatal que ha perdido más del 80% frente a la inflación, desde el diciembre del 2023 a la fecha", sostuvo Gatica.

Desde ATE se advirtió, en base a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), sobre una línea de pobreza de $1.308.713, que el 70% del personal del Estado provincial está por debajo de esa cifra, porcentaje que es mayor entre los empleados municipales. El último aumento salarial para los estatales fue del 5% y fue anunciado por el propio gobernador en los primeros días de noviembre del año pasado, junto con un bono de fin de año de $450.000. Los estatales expresaron, entonces, su desacuerdo con el incremento por considerar que fue unilateral y que estaba muy por debajo de sus pedidos.

Desde los primeros días de enero Claudio Poggi se encuentra de vacaciones y el próximo lunes 19 retomará sus funciones, por lo que se espera que ese mismo día se notifique del reclamo gremial y adopte una postura. Por cuerda separada, el mandatario puntano forma parte del tándem de gobernadores dialoguistas con los que la Casa Rosada cuenta para lograr la aprobación de la reforma laboral.

Tensión en el sur

El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz dispuso una multa millonaria contra la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) por no acatar una conciliación obligatoria vigente durante una medida de fuerza, en junio de 2025, que incluyó un paro de 48 horas y la suspensión de clases.

De acuerdo información oficial, la sanción se aplicó por considerar que el gremio docente avanzó con la protesta pese a la resolución administrativa que ordenaba retrotraer las medidas y abrir una instancia de negociación. La multa fue fijada en más de $126 millones, calculada en base a salarios de referencia establecidos por la normativa laboral provincial.

La sanción se produce un contexto de fuerte enfrentamiento entre ADOSAC y el gobernador Claudio Vidal, en medio de un conflicto docente que lleva semanas sin resolución. Hecha pública la multa, el gremio emitió un documento en que consideró que el gobierno provincial sancionó el ejercicio del derecho constitucional a huelga y que la medida tuvo un carácter represivo, al limitar la posibilidad de reclamar por mejoras salariales, estabilidad laboral y condiciones dignas en el sistema educativo público.

El gremio docente ADOSAC, de Santa Cruz, fue multado con $126 millones por el gobierno de Claudio Vidal.

Por otro lado, ADOSAC cuestionó que la resolución del Ministerio de Trabajo no hiciera referencia a incumplimientos oficiales, como recortes en el presupuesto educativo, despidos, precarización laboral, ni modificaciones en el régimen de licencias. También señalaron la falta de mención al respaldo legislativo a iniciativas nacionales que, según indicaron, afectaron el financiamiento educativo, científico y técnico.

Entrevistado en Radio 21, Caleta Olivia, el paritario de ADOSAC, Miguel del Plá, sostuvo que más allá de los cuestionamientos a aspectos técnicos de la sanción, el Ministerio de Trabajo actuó simultáneamente como parte patronal y como autoridad arbitral, en contra de estándares internacionales. "El mismo ministerio que lleva la propuesta salarial como vocero del gobierno es el que después dicta la conciliación obligatoria. Eso no es un árbitro neutral, es juez y parte", afirmó. Para cerrar, la comisión directiva gremial reiteró el pedido de apertura inmediata de paritarias.