La presentación fue realizada con el objetivo de obtener una sentencia de fondo en el expediente que busca garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales. Desde el organismo sostienen que el Poder Ejecutivo continúa sin instrumentar los mecanismos previstos por la ley para asegurar el financiamiento del sistema de educación superior.

El pedido se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme una medida cautelar que ordena al Estado nacional cumplir parcialmente con la normativa. Sin embargo, las autoridades universitarias afirman que el Gobierno no ha avanzado en la implementación efectiva de las disposiciones contempladas en la resolución judicial.

Entre los principales cuestionamientos, el CIN señala la falta de actualización de los salarios del personal docente y no docente, así como el congelamiento de las becas estudiantiles. Según advierten desde el sector universitario, esta situación afecta el funcionamiento de las instituciones, deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores y dificulta la continuidad de miles de estudiantes en sus estudios.

En el escrito presentado ante la Justicia, los rectores también solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial que condiciona la aplicación de la ley a la existencia de una fuente específica de financiamiento. A criterio del organismo, esa disposición modifica el alcance de una norma sancionada por el Congreso y excede las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.

La decisión sobre la habilitación de la feria judicial quedó ahora en manos de los tribunales competentes. De prosperar el planteo, la causa podría avanzar durante el receso invernal y acelerar una resolución sobre el financiamiento universitario, un tema que mantiene en estado de conflicto a universidades, gremios docentes y no docentes de todo el país.