Los gremios universitarios volvieron a cuestionar al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron que el proyecto de Presupuesto 2027 podría incluir una nueva maniobra para dejar sin efecto la norma sancionada por el Congreso.

Según los sindicatos, la actualización de los salarios docentes y no docentes debería contemplar una recomposición de alrededor del 35% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, de acuerdo con la evolución de la inflación.

La Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por el Congreso con una mayoría especial, establece mecanismos destinados a recomponer los ingresos de los trabajadores universitarios y recuperar el poder adquisitivo de los salarios, que durante el actual Gobierno llegaron a registrar una pérdida real superior al 40%.

Ante el incumplimiento de la norma, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones sindicales recurrieron a la Justicia. El juez Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Gobierno cumplir con las disposiciones establecidas por el Congreso. La decisión fue posteriormente respaldada por la Cámara de Apelaciones, mientras que la Corte Suprema no hizo lugar al recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.

El conflicto judicial se desarrolló en paralelo con una negociación entre las federaciones sindicales docentes y no docentes y el Ministerio de Capital Humano. Con excepción de ConaduH, las organizaciones firmaron en junio un acta mediante la cual el Gobierno se comprometió a una actualización parcial de los haberes, con un incremento del 21,3%, un 3% adicional para octubre y la reapertura de la negociación paritaria.

Una nueva oferta que los gremios rechazaron

En una audiencia realizada el 21 de agosto, el Gobierno ratificó su posición y volvió a quedar bajo la mirada de la Justicia. Días después, Cormick mantuvo vigente la medida cautelar y le exigió al Ejecutivo que respondiera en un plazo de 72 horas.

La siguiente reunión paritaria, realizada el 1° de septiembre, terminó profundizando el conflicto. Los gremios calificaron como una “provocación” la propuesta oficial de un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, ya que este último porcentaje había sido contemplado en el acuerdo firmado en junio.

Para las organizaciones sindicales, la propuesta no permite compensar la inflación acumulada y tampoco constituye una respuesta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La secretaria general de Conadu, Clara Chevallier, cuestionó la oferta oficial y sostuvo: “Veremos el jueves si el Gobierno está a la altura o cae en una nueva provocación. Ofrecieron un 3% para septiembre sin fundamentos y le sumaron un 3% para octubre que ya estaba acordado”. La dirigente explicó además que la propuesta ni siquiera pudo ser consultada con las bases y remarcó que los sindicatos decidieron retirarse de la reunión.

“Nos retiramos porque no lograron que se firmara ningún acta que les permita incorporarla en la presentación ante el juez como para dar cuenta de su intención de dar respuesta, al menos parcial, a la ley”, afirmó.

Nuevo plan de lucha

Ante la falta de acuerdo, las federaciones universitarias preparan nuevas medidas de fuerza. El próximo jueves volverá a reunirse la paritaria y los sindicatos prevén realizar ese mismo día un acto frente al Palacio Pizzurno, precedido por clases públicas en distintos puntos del país y en Plaza de Mayo durante el miércoles. Además, las organizaciones ya anunciaron una nueva marcha universitaria para la primera semana de octubre.

Chevallier anticipó que el conflicto continuará mientras esperan que el juez Cormick se pronuncie sobre la cuestión de fondo del reclamo judicial. En la misma línea, la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, sostuvo que el Gobierno podría estar utilizando la discusión presupuestaria para avanzar sobre el financiamiento universitario.

La advertencia por el Presupuesto 2027

El principal temor de los gremios es que el Poder Ejecutivo incluya en el proyecto de Presupuesto 2027 un mecanismo alternativo de financiamiento que termine desplazando, en los hechos, las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario. Carboni recordó que una situación similar se produjo durante el tratamiento del Presupuesto 2026. “Cuando presentó el presupuesto 2026, se incluyó un capítulo con un criterio de financiamiento diferente pero quedó afuera”, señaló.

Según la dirigente, el Gobierno ya habría anticipado que el nuevo proyecto incluirá nuevamente un capítulo específico sobre el financiamiento de las universidades. “Si eso avanza, la Ley de Financiamiento queda en la nada y se ejecutaría ese mecanismo mientras continúa la pelea legal por la ley”, advirtió Carboni, quien además señaló que el escenario parlamentario será diferente al del año pasado.

En 2025, la oposición logró reunir 123 votos para rechazar el apartado referido al financiamiento universitario. Los sindicatos temen que el Gobierno vuelva a recurrir a una estrategia similar y utilice la discusión presupuestaria para condicionar otras partidas.

Otra posibilidad que analizan las organizaciones es que el Ejecutivo no plantee una derogación explícita, pero tampoco asigne los recursos necesarios para cumplir con la ley. De esa manera, sostienen, podría generarse una suerte de “derogación implícita” y el Gobierno podría intentar argumentar posteriormente ante la Justicia que la norma quedó sin efecto por las decisiones adoptadas durante el debate presupuestario.

Sin embargo, fuentes vinculadas con la causa judicial citadas por los gremios sostienen que *no existe jurídicamente una “derogación tácita” de una ley* y que el Presupuesto constituye una proyección general de gastos. Según esta interpretación, para dejar sin efecto la Ley de Financiamiento Universitario debería existir una derogación expresa o producirse su vencimiento.

Los gremios anticipan una profundización del conflicto

Desde Conadu remarcaron que las organizaciones sindicales buscarán intervenir también en el Congreso para evitar modificaciones que afecten el financiamiento de las universidades. “Ya intentó derogarla con el presupuesto del año pasado. Vamos a trabajar con diputados y senadores para ratificar el consenso en defensa de la universidad pública”, afirmó Chevallier.

La dirigente sostuvo además que el conflicto excede la discusión salarial y advirtió sobre las consecuencias que podría tener el incumplimiento de la norma: “A lo legal hay que sumarle los vericuetos del Gobierno. La ley tiene un plazo que es el del año presupuestario. Si no cumplen podrían dejarla en abstracto”.

Carboni, por su parte, cuestionó que el Gobierno responsabilice a los docentes por las medidas de fuerza y recordó los paros nacionales realizados el 2 y el 8 de septiembre. “El Gobierno ofreció ese 3% y provocó al reclamar que dejáramos de hacer paro porque afectamos el derecho a la educación. Pero el 2 y el 8 de septiembre hubo dos paros nacionales contundentes”, afirmó.

Con una nueva reunión paritaria prevista para este jueves y el debate del Presupuesto 2027 como próximo escenario de disputa, los gremios universitarios anticipan una nueva etapa de conflicto, tanto por la recomposición salarial como por el futuro de la Ley de Financiamiento Universitario