“Ya estamos acá por salir del cajero”

El plan tenía varios pasos. El primero era contactar a personas en situación vulnerable, con problemas económicos, para ofrecerle un plan social del Estado nacional. Antes de otorgárselo les decían que tenían que trabajar para su gremio vendiendo rifas, cocinando y yendo a actos políticos. Si cumplían, recibían el subsidio. Pero todos los meses debían entregar $1.000 de lo que cobraban y en algunos casos el total. Si no lo hacían, los amenazaban con cortarles el beneficio.

Algunas víctimas se animaron a denunciarlo y el caso llegó a la Justicia Federal de Salta, que avanzó con una investigación que concluyó a principio de este mes. Tres gremialistas de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores (ATRES) de Salta fueron condenados a penas de prisión en suspenso y a devolver 700 mil pesos: 489 mil para las víctimas y 211 mil para un puesto sanitario de la localidad de Rosario de Lerma.

Los condenados fueron Cándido Ernesto Ojeda, secretario general de ATRES y de la Federación de Trabajadores Agrarios y asesor en el Senado de la Nación; su pareja y secretaria administrativa de ATRES, Carolina Gabriela Reartes, y Valeria Soledad Calizaya, sobrina de Reartes e integrante del gremio. Los tres reconocieron su responsabilidad en los hechos en un juicio abreviado en el que acordaron la pena y la devolución del dinero.

Rosario de Lerma es una ciudad de 20 mil habitantes, ubicada a 35 kilómetros de la ciudad de Salta, rodeada de sierras y montañas, con más vida rural, que de ciudad, en donde las necesidades son muchas. Allí tiene su sede ATRES.

Y esas necesidades son tierra fértil para aprovecharlas. El gremio era una referencia en el lugar. Debido a la posibilidad de mejorar la vida diaria, mucha gente se acercaba a pedir ayuda. Y se la daban. Ofrecían obtener el plan social “Salario Social Complementario” que dá el Ministerio de Desarrollo de la Nación y bolsones de comida.

Se trata de un beneficio social que no requiere ninguna contraprestación ni intermediarios. Pero para obtenerlo antes debían trabajar para el gremio. “Los acusados obligaban a los beneficiarios de los planes sociales a realizar diferentes trabajos -cuando el propio Estado no lo hace- en provecho de la asociación (venta de rifas, empanadas, bollos, participación en marchas políticas, atender la sede, realizar campañas de afiliación, etc.)”, explicó la fiscal federal de Salta Paula Gallo en su acusación a la que accedió Infobae. Si lo hacían, ATRES tramitaba el beneficio.

Así quedó demostrado en la prueba que la Justicia obtuvo en los allanamientos a la sede del gremio y en los domicilios de los condenados. Se secuestraron celulares donde constan conversaciones de Whatsapp y cuadernos con anotaciones. También del testimonio de las personas que se animaron a declarar.

“Hola Gaby una señora quiere participar es una conocida tiene 5 hijos y quiere trabajar, ella cobra universal y nada más, ahí te envío sus datos yo le hablé como es el trabajo y de qué es nuestra lucha y quiere participar y poder tener algo para sacar adelante a sus hijos y está muy entusiasmada en participar con Atres”, dice uno de los mensajes que recibió Reartes con un pedido para que el gremio le tramite el plan.

En las conservaciones de Whatsapp quedaron registrados los números de documentos de las personas y los trámites ante el Ministerio de Desarrollo Social. “Compañeros todos y todas tenemos la obligación de vender las rifas, todos… así que, tengo un listado acá, que no está buscando la rifa y no queda nada para que sortee”, decía Reartes en un audio enviado a las personas que querían obtener el plan.

Una vez que lo hacían tenían que darles una vez por mes $1.000 de los $8.500 que cobraban. En algunos casos también les exigían que entreguen el total. Si no lo hacían se cortaba el beneficio. La Justicia demostró la estafa en 37 casos por $548.000. Pero el trabajo de Gendarmería Nacional calculó que el monto total podía ser de $2.016.000.

“Hola Gaby estaba viendo que dicen que la oficina está cerrada, nosotros ya estamos acá por salir del cajero, A.S. y L.G. (NdA: dos de las víctimas), para que ellos te vayan a dejar la plata, de la silleta, para dejar los mil”, decía un mensaje que recibió Reartes en su teléfono.

Pero no solo los acusados se quedaban con el dinero. También con parte de lo que venía en los bolsones de comida. En los allanamientos se encontraron grandes cantidades de alimentos no perecederos: botellas de aceite, latas de picadillo, paquetes de arroz, bolsas de fideo, cajas de puré de tomate, cajas de leche en polvo.

“No les interesó a Gabriela Reartes y Ernesto Ojeda solicitar los trámites para las personas que realmente lo necesitaban, sino que lo que buscaban con la realización de la gestión de los planes era obtener beneficios propios, ya que lo que quería saber es si su familia estaba trabajando para ATRES; desvirtuando totalmente la finalidad del beneficio que otorga el Estado Nacional”, explicó la fiscal Gallo en su acusación. La estafa fue entre octubre de 2018 y junio del año pasado.

Los tres imputados se negaron a declarar cuando fueron indagados. La causa avanzó a juicio oral y para evitarlo Reartes, Ojeda y Calizaya reconocieron su responsabilidad. Así, en un juicio abreviado ante la jueza federal de Mariela Giménez Salta acordaron una pena.

Reartes fue condenada a tres años de prisión, Ojeda a dos y Calizaya a uno. En los tres casos la pena es en suspenso por lo que no irán a prisión. También acordaron devolver $700.000; $489.000 serán repartidos entre las víctimas de la estafa de Rosario de Lerma y los restantes $211.000 tendrán como destino un puesto sanitario de la ciudad para que compren los equipos e insumos que requieran.

La Justicia comenzó la semana pasada a devolverle a las víctimas el dinero que le sacaron.

PorMartín Angulo