Con apoyo de varios gremios estatales, a mediados de julio los judiciales de la provincia de Buenos Aires presentaron el proyecto para crear un convenio colectivo específico para el sector, un viejo anhelo de los empleados de la justicia, que buscan tener un marco legal propio para regular las relaciones laborales.

La propuesta de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) es que el Estado normalice la discusión con los trabajadores, y entre otras cosas se salve una característica propia del área, que tiene una especie de «doble comando» en material de regulaciones del trabajo, unas impuestas por el ejecutivo y otro por la Corte Suprema.

En el Estado provincial, el personal sanitario tiene su propia paritaria (la ley 10.471), y ahora los judiciales quieren seguir por ese camino. Por eso, se avanza en la discusión con los distintos bloques de la legislatura, que deben tratar el proyecto de ley que ya enviado por la organización sindical. El caso reaviva el pedido histórico de crear un ente neutral que regule las paritarias estatales.

El proyecto de paritaria judicial busca crear un marco legal para la negociación en el sector, entre el Estado provincial (en su calidad de empleador) y el Poder Judicial, incluyendo al Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Como adelantó Gestión Sindical, la iniciativa establece que la negociación tendrá «un ámbito general que alcance las condiciones de trabajo y empleo de todo el personal comprendido en la presente ley».

«Podrán incluirse como temas de discusión aspectos de la relación de empleo que atiendan diferencias sectoriales de prestación, o las modalidades de ejercicio de las atribuciones previstas en la Constitución de la Provincia», que a tales fines, «las partes podrán convenir la formación de comisiones técnicas destinadas a brindar asesoramientos sobre las cuestiones inherentes a la especificidad de cada sector».

Buscando apoyos

Con la propuesta en la legislatura, los dirigentes comenzaron a trabajar para juntar los consensos necesarios para intentar su tratamiento y posterior aprobación. En la AJB saben que “no será fácil», y comenzaron conversando con el bloque oficialista, para conocer su opinión.

«El proyecto ya está en la legislatura, el proyecto contempla realizar una especie de negociación tripartita entre el poder Ejecutivo, la Suprema Corte y los trabajadores», le explicó a Gestión Sindical el dirigente Roberto Cristófano. Si bien por el momento «no hay novedades sobre su eventual tratamiento», los judiciales esperan que haya buena recepción entre los legisladores.

Sobre las cuestiones que contempla la propuesta, Cristófano subrayó que los judiciales tienen «dos patronales, una que paga los salarios que es el Poder Ejecutivo, y otra que define las condiciones laborales y las funciones, que es el Poder Judicial». «Para dar respuesta a las necesidades de los judiciales, la propuesta tiene que salir por ley», aclaró. La iniciativa además establece quién representará a los trabajadores.

En ese punto, la AJB estableció en su propuesta que «en el supuesto de existencia de más de una organización sindical con personería gremial, corresponderá un número de votos proporcional a la cantidad de afiliados activos y cotizantes». El sistema de proporcionalidad a adoptar «para el cálculo del número de votos que le corresponderá a cada organización será en relación a los afiliados cotizantes representados, con un piso para integrarse a la negociación equivalente al 10 por ciento de afiliados cotizantes».

En la cuestión operativa, la propuesta de la AJB establece que la negociación laboral «tendrá un ámbito general que alcance las condiciones de trabajo y empleo de todo el personal», para lo cual se constituirán dos comisiones negociadoras. Una estará conformada por la representación del Poder Ejecutivo y la de los trabajadores judiciales, «para negociar las condiciones de contenido salarial y retributivo en general; las condiciones relacionadas con la seguridad social en materia asistencial, previsional y de compensaciones o asignaciones familiares; y las condiciones de salubridad, higiene, seguridad e indemnidad laboral y cualquiera otra cuestión laboral».

La otra estará integrada por la representación de la Suprema Corte de Justicia y la de los trabajadores judiciales, para negociar las condiciones de trabajo sobre «carrera, concursos, agrupamientos, nomenclador de cargos, promociones, calificaciones, capacitación, licencias, permisos, franquicias, jornada de trabajo, régimen disciplinario, traslados, participación, composición de conflictos individuales y plurindividuales, derechos y relaciones gremiales, y cualquiera otra materia vinculada a la relación laboral».

Ente neutral

El proyecto de ley fue presentado en la legislatura a mediados del mes pasado, y junto al gremio judicial se mostraron a favor de la propuesta varios gremios estatales. Es que en el fondo el tema de los convenios sobrevuela una cuestión de fondo, que no se resuelve y que podría mejorar las formas de negociar en las distintas administraciones públicas: la posibilidad de crear un ente neutral que regule las paritarias.

El tema fue parte de las negociaciones durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, impulsado por ATE y otros gremios, recordando que la Constitución provincial tiene en su artículo 39 (inciso 4) establecido este organismo. Pero pese a las promesas no se logró avanzar. En el 2017, con María Eugenia Vidal en el gobierno, el legislador Mario Giacobbe presentó una propuesta para crear el denominado “Organismo de Medición y Arbitraje”, que sirva de ente neutral para la negociación salarial y laboral del Estado con sus empleados públicos.

Según la iniciativa, este organismo será «autónoma y autárquico«, y mantendrá «independencia e imparcialidad» en sus decisiones. Pensado para resolver los conflictos con los trabajadores estatales, incluyendo la creación de convenios colectivos, este ente estará integrado de aprobarse por cinco miembros, tres designados por el Poder ejecutivo (en este caso conjueces, que serán sorteados ante escribano público) y dos miembros aportados por el Colegio de Abogados provincial, de entre sus miembros especializados en derecho laboral. Los mandatos durarán dos años.

Incluso, a comienzos del 2017, un fallo del entonces juez federal Luis Arias le otorgó 30 días al gobierno para poner en marcha el organismo, pero un segundo fallo, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Plata, dio marcha atrás con la orden. Esto frenó la discusión, que esta propuesta de los judiciales parece volver a reavivar.