Por: Ricardo Carpena.

“El fallo responde a un ensañamiento que tiene el sindicato contra Lácteos Vidal porque no nos han podido doblegar. El embargo por 167 millones de pesos es funcional a la mafia sindical". Pese a la resolución del juez Ignacio Ramonet que afecta la continuidad de su pyme, Alejandra Bada Vázquez aseguró a Infobae que no piensa rendirse y que seguirá dando batalla contra la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA), liderada por Héctor Ponce, que bloqueó su empresa en 2022, y ahora contra este fallo que “fomenta la desinversión y es un mal ejemplo para el desarrollo económico del país”.

La empresaria le apuntó a la resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 69, que ordenó un embargo preventivo sobre los fondos de Lácteos Vidal por un total de $168 millones.

El juez Ramonet dispuso esa medida porque Bada Vázquez no pagó las astreintes (multas) fijadas porque no reincorporó a trabajadores despedidos tras el bloqueo que sufrió hace tres años. Pero la empresaria calificó de “arbitrario” el fallo y, además, consideró que “está mal hecho el cálculo” porque se tomó en cuenta el monto exigido por ATILRA, de $50.000 por día, que fue apelado por Lácteos Vidal y el juez dio por válido, cuando tendría que haber sido de $10.000 por día y, por lo tanto, el embargo debería haber sido por $40 millones.

Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal

Bada Vázquez explicó: “Semejante momento me genera un perjuicio severo y irreversible porque necesito que la cuenta corriente esté habilitada con los fondos para pagar a los proveedores, todos los impuestos y ahora vienen el aguinaldo y los sueldo. Vamos a impugnar esa resolución, pero en cualquier momento el juez puede mandar la orden al banco de ejecutar el embargo".

Se trata de otro capítulo que agrava el conflicto esta pyme de la provincia de Buenos Aires, que en 2022 fue bloqueada por ATILRA durante casi dos meses por haberse negado a recategorizar a algunos empleados.

La protesta extorsiva realizada en la planta de la localidad de Moctezuma, partido de Carlos Casares, derivó en la decisión de la empresa de despedir a 26 trabajadores y pedir el desafuero de tres delegados, mientras que la la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó en noviembre pasado que reincorpore a 8 empleados que habían sido despedidos por bloquear la planta y fijó el pago de astreintes (una multa) de $10.000 diarios por cada trabajador que no fuera reintegrado a su puesto.

Activistas de ATILRA, en el bloqueo contra Lácteos Vidal

Ahora, Bada Vázquez dio detalles de “esta novela de terror”, como calificó la situación que atraviesa, ya que el embargo de los $186 millones dejaría a la empresa con problemas para funcionar y pagar sueldos y aguinaldos. Y apuntó contra el juez Ramonet porque, en una audiencia de conciliación, fue quien le había sugerido pagar el 50% de las indemnizaciones a los despedidos, pero “ahora dictó el embargo un día antes de la nueva audiencia y eliminó toda posibilidad de negociación: si me embarga la cuenta y si encima le va a repartir 16 millones a cada uno, ¿quién va a querer negociar?“.

Este jueves por la mañana se realizó una audiencia para tratar de alcanzar un acuerdo, pero, según la empresaria, el juez se ausentó, designó a la secretaria del juzgado para reemplazarlo y tampoco estuvieron los trabajadores sino sólo el abogado de ATILRA, que rechazó la propuesta de indemnización que formalizó Lácteos Vidal.

Bada Vázquez relató que los 8 de los 26 despedidos que no acordaron la desvinculación con la empresa reclaman ser indemnizados, pero también impulsaron una cautelar pidiendo su reincorporación “Nosotros planteamos que declare abstracta la cautelar porque no podés pedir al mismo tiempo la plata de la indemnización y la reincorporación. El juez declaró abstracta la cautelar, pero dijo que corresponde aplicar la multa a la empresa hasta el día en que fueron a pedir la indemnización”.

Por eso la dueña de la pyme insistió en que todo responde a “un ensañamiento que tiene el sindicato contra Lácteos Vidal porque no nos han podido doblegar" y consideró que “este fallo que dispone el embargo por 167 millones de pesos es funcional a la mafia sindical".

Héctor Ponce, titular de ATILRA

“¿Los argentinos vamos a dejarnos someter por la mafia sindical con complicidad de algunos jueces? ¿O vamos a defender a las pymes y a la industria nacional?“, se preguntó Bada Vázquez.

Por su parte, fuentes de ATILRA afirmaron que “este es el primer embargo que recibió la firma láctea al no pagar los astreintes por negarse a incorporar a los trabajadores despedidos injustamente” y advirtieron que “se prepara otros embargo por cifras superiores, sin perjuicio de las otras causas que están pendientes de resolución”.

“El juez no fue capaz de hacer cumplir en su momento la resolución que él mismo dictó, agregaron.