El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (S.I.P.E.R.Q.Y P.) de la Provincia de San Luis se disponía a realizar sus elecciones de renovación de autoridades el 5 de abril pero el Juzgado Laboral N° 1 a cargo de la Dra. Lucrecia María Estévez lo impidió al hacer lugar al recurso de amparo interpuesto por afiliados que denunciaron irregularidades.

Los denunciantes Juan Manuel Casañas y Facundo Corvalán solicitaron la nulidad de la convocatoria realizada por la comisión directiva encabezada por el secretario general Pablo Rey y la Junta Electoral del sindicato por incumplimientos en el procedimiento y normas estatutarias vulnerando los derechos de los afiliados.

La jueza consideró que la mera publicación en el diario La República no fue suficiente convocatoria, ni cumplió con los plazos legales requeridos, «siendo todo clandestino y oculto, entre otras consideraciones a las que me remito.»

En consecuencia, dispuso la suspensión de las elecciones y a su vez se declaró incompetente para resolver el conflicto ordenándose la remisión de las actuaciones al Ministerio de Trabajo de la Nación encabezado por Claudio Moroni.