La resolución fue dictada por el juez Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, en el marco del expediente N° 21610/2026. La medida cautelar, de aplicación inmediata, establece que el Estado nacional deberá mantener la vigencia de las prestaciones económicas en un plazo de tres días.

El amparo había sido presentado el 13 de abril por cinco trabajadores de la economía popular, quienes denunciaron la suspensión del programa como un recorte de ingresos que afecta derechos sociolaborales en un contexto de crisis. El reclamo fue acompañado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que viene manifestándose en contra de la medida en distintas movilizaciones.

En su resolución, el magistrado consideró que la interrupción del programa podría afectar un ingreso de carácter alimentario esencial, en tanto forma parte de una política de inclusión sociolaboral. Por ese motivo, ordenó que el Estado no suspenda los pagos hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.

La decisión judicial se produce luego de que el Gobierno nacional anunciara que abril sería el último mes de pago del programa. Con este fallo, la Justicia establece una protección provisoria para los beneficiarios, en su mayoría trabajadores informales y de la economía popular.

Desde la UTEP destacaron la medida como un freno a lo que calificaron como un intento de desmantelamiento de derechos, y remarcaron que el ingreso constituye un complemento al trabajo que desarrollan en comedores, cooperativas y otros espacios comunitarios.

No obstante, la organización sindical advirtió que se mantendrá en estado de alerta y movilización ante eventuales incumplimientos, en función de antecedentes en los que el Estado demoró la aplicación de decisiones judiciales similares.