La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala III, confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados a la recomposición salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales y a la actualización de las becas estudiantiles. Con esta decisión, el Ejecutivo queda sin instancias judiciales que justifiquen la demora en la aplicación de la normativa, cuyo incumplimiento ya supera los 288 días.

La decisión de la Cámara

El fallo se produjo luego de que la Cámara declarara abstracta la apelación presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de la cautelar. Los jueces entendieron que ese planteo perdió vigencia tras el rechazo, por parte de la Corte Suprema de Justicia, del recurso extraordinario presentado por el Estado nacional el pasado 25 de junio.

En consecuencia, el expediente regresará al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, para que avance la ejecución de la medida cautelar, que había quedado suspendida mientras el máximo tribunal analizaba el recurso del Gobierno.

El abogado Pablo Manili, representante de las más de 60 universidades nacionales agrupadas en el CIN, sostuvo que la resolución "significa que ya podemos ejecutar la cautelar que el Gobierno sigue sin cumplir".

En la misma línea, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) afirmó que la decisión "remueve cualquier obstáculo que el Estado hubiera intentado interponer para frenar la aplicación de la medida", y reclamó que el juez de primera instancia disponga su ejecución.

Denuncia por incumplimiento

En paralelo, el diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que el Ejecutivo continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

El legislador recordó que la norma fue promulgada y reglamentada mediante el Decreto 759/2025, aunque su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. Según Paulón, esa condición ya estaba contemplada en la propia ley, que autoriza al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento.

Persisten los reclamos

El incumplimiento volvió a quedar en evidencia el último fin de semana, cuando docentes y no docentes cobraron sus salarios sin los aumentos retroactivos previstos por la ley. La situación profundizó el malestar en el sistema universitario y aceleró la organización de nuevas medidas de protesta, entre ellas clases públicas y otras acciones de visibilización.

Qué puede ocurrir ahora

Pese al nuevo fallo favorable a las universidades, el conflicto judicial aún no está completamente resuelto.

El 29 de junio, luego de la decisión de la Corte Suprema, el Estado nacional presentó un escrito ante el juez Cormick solicitando el levantamiento de la medida cautelar. El Gobierno argumentó que los acuerdos firmados el 10 de junio entre el Ministerio de Capital Humano, el CIN y las organizaciones gremiales habrían satisfecho los objetivos perseguidos por la ley.

Desde ADUNS rechazaron ese planteo y lo calificaron como un intento de "seguir embarrando la cancha" para demorar el cumplimiento de la norma. No obstante, señalaron que el magistrado deberá resolver primero ese pedido antes de avanzar con la ejecución de la cautelar.

La definición de Cormick será clave para determinar si considera que los acuerdos alcanzados representan un cumplimiento parcial de la ley o si, por el contrario, ordena al Gobierno aplicar de manera inmediata los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario, incluyendo el pago de los incrementos salariales y las actualizaciones retroactivas correspondientes.

Mientras tanto, las organizaciones docentes anticiparon que continuarán con el plan de lucha nacional para exigir el cumplimiento efectivo de la legislación aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia.