Sobre el final de la jornada y antes del inicio de la Feria Judicial, el delegado electoral del Ministerio de Trabajo, Cayetano Alberti, fue notificado ayer por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la resolución de la Sala VIII, que deja en suspenso su designación y de este modo queda stand by el proceso electoral que había convocado para renovar autoridades en la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA).

La decisión de los camaristas María Dora González y Víctor Pesino, fue resuelta el viernes 27 de diciembre pasado, ante una demanda realizada por el dirigente de la federación Juan Ramón Correa, que ahora vuelve al manejo del gremio.

El fallo deja sin efecto las resoluciones del Ministerio de Producción y Trabajo, durante la gestión anterior a cargo de Dante Sica y el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio. Mediante las normas dispuestas Aparicio y Sica, le revocaban la certificación de autoridades a Correa y designaban a Alberti como delegado electoral de los azucareros.

La revocatoria de autoridades fue el paso previo, y necesario, al nombramiento de un delegado normalizador y el intento de virtual intervención de la entidad de azucareros, que ahora encuentra confirmación de sus secretarios Correa, Ángel Ledesma, Martín Olivera, Mariano Cuenca, entre otros dirigentes de Tucuman, Jujuy y Salta.

Según consignaron los abogados laboralistas al momento de la resolución de Aparicio, el secretario no tenía facultades para revocar lo dispuesto por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, atributo que sólo le compete al ministro de Producción y Trabajo. Por eso habían avanzado en una denuncia por penal que ahora tomará impulso.

Le imputan a Aparicio ser co-autor ideológico del accionar ilícito -junto a Adolfo Alberto Saglio Zamudio, miembro de su Secretaría- de una asociación ilícita para promover la intervención del gremio y perpetuar la de la Obra Social O.S.P.I.A. cuya regularización es negada sistemáticamente por la Superintendencia de Salud de la Nación.

La acusación contra el funcionario expone que tomó la decisión de revocar las autoridades "sin siquiera tener en su poder el expediente administrativo de la Federación, sin tener conocimiento de las denuncias penales arribadas a los impugnantes, sin fundamentos y sustento jurídico alguno, sin conocer las causa, sin competencia para efectuarlo, sin respetar los plazos administrativos, y con una finalidad manifiestamente ilícita".