Cabaleyro fue absuelto en el juicio por extorsión impulsado por Florencia Arietto. “Hay que seguir defendiendo el derecho a huelga”, le dijo a Página/12.
Por Laura Vales
Maximiliano Cabaleyro es secretario general del Sindicato de Camioneros de San Nicolás. En 2022 fue detenido por una serie de bloqueos que el gremio le hizo a la empresa distribuidora Rey. Aunque se trató de un conflicto gremial, en los medios el caso tuvo el tratamiento de una cuestión delictiva: intervino el Movimiento Empresarial Antibloqueos, de Florencia Arietto, que como abogada del dueño de la empresa acusó a Cabaleyro de los delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión. El juicio oral se realizó recién este año, y finalizó con la absolución del dirigente gremial.
“Fue un lawfare claro, un armado judicial, mediático y político”, sostuvo Cabaleyro entrevistado por Página/12. “Cuando empezó el juicio, Arietto no tenía partido político, no era nada, y hoy es senadora provincial por La Libertad Avanza. Usó el caso como un trampolín”.
-¿Cuanto tiempo pasaste preso?
-Setenta días en la Dirección Departamental de Investigaciones, un año y dos meses en el penal de San Nicolás y después con prisión domiciliaria. En total, cuatro años y medio. Mi abogado pidió la excarcelación infinidad de veces, pero siempre me fue negada, con el pretexto de que estaba acusado de delitos graves. Y eso que yo me había entregado por mis propios medios, porque cuando salió la orden de detención me presenté. Pero ya la orden de detención decía que había peligro de fuga... Después, los abogados de la empresa y la fiscalía hasta apelaron la prisión domiciliaria, trataron de que volviera al penal.
-El motivo del juicio fueron unos piquetes que el Sindicato de Camioneros hizo en la puerta de la empresa distribuidora.
-Nos acusaron de turbación de la posesión y extorsión… Pero lo que hicimos fueron retenciones de tareas que estaban debidamente conformadas y acreditadas en el Ministerio de Trabajo. La retención de tareas, los paros, se hicieron en distintos días. Uno duró dos días y otro duró cuatro.
-¿Que originó el conflicto?
-Era la época del covid, y a los chicos no les daban los elementos para protegerse. Una de las gotas que rebalsó el vaso fue que un trabajador que vivía con su padre se contagió. Empezó a haber contagiados, y en lugar de aislar a la gente que había estado en contacto, tanto en depósito como en el camión, los seguían haciendo trabajar. Faltaban condiciones de seguridad, la distribuidora tenía un solo baño, pagaban las horas extras con latas de durazno. Suspendieron a un delegado gremial, la justicia ordenó que lo reincorporaran y el dueño de la empresa, Rey, el concejal Rey, delante del juez dijo que él no iba a acatar ninguna orden.
—¿El dueño de la empresa era concejal?
—En ese momento no, ahora sí, es concejal de La Libertad Avanza.
“Parte del derecho a huelga”
En el fallo que lo absolvió, el juez Alejandro Gabriel López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, sostuvo que está probado que los bloqueos existieron. El sindicato de camioneros, junto a un grupo de trabajadores, los realizó en la puerta de la distribuidora, impidiendo el ingreso y salida de sus camiones, un día con un cordón humano y otros tres días con un motorhome. Sin embargo, el juez señaló que esas protestas fueron parte del derecho de huelga.
“Este es un conflicto laboral”, señaló; agregó que quienes realizaron los bloqueos “protestaban por mejoras en sus condiciones de trabajo”, como parte de unas negociaciones en las que participó el Ministerio de Trabajo y que finalizaron con la firma de un acuerdo. Esa resolución del conflicto incluyó que la empresa levantara la suspensión al delegado que había sancionado, y que pasara a un grupo de trabajadores del convenio de comercio al de camioneros, por lo que debió pagar diferencias salariales, tanto a los trabajadores como al sindicato.
La fiscalía había planteado que con los bloqueos “se ejerció un derecho, pero de manera ilegítima”, ya que “el derecho de huelga no puede soslayar al derecho de propiedad”. Su argumento es que “se trata de derechos de igual rango” que colisionaron.
El juez lo refutó: “Colocar en igualdad a los derechos de propiedad y de huelga solo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. Es que no hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, dijo.
Por otra parte, el fallo desestimó que Cabaleyro haya pedido o cobrado coimas (lo habían acusado de cobrar coimas para no bloquear a la distribuidora, y que los piquetes comenzaron cuando la empresa “dejó de pagarle al sindicato”). Sobre estos puntos, el juez dijo que no había pruebas de que el dirigente haya recibido dinero y que distintos montos que la empresa acreditó haber pagado al sindicato fueron por deudas salariales y de cargas sociales.
“El pedido de dinero, la extorsión, fue una mentira. Está todo documentado con pagos, con facturas, con recibos de cobro”, dice Cabaleyro. “Se cobró con cheques, y en una pericia judicial, contable, se acreditó que los cheques se depositaron en las cuentas del sindicato, la plata también. Se acreditó que la deuda estaba bien reclamada, que era por diferencias salariales, las deudas eran por el mismo motivo. Ellos estuvieron en todas las instancias del Ministerio de Trabajo. Cuando se firmaron y se cobraron las deudas pudieron impugnar o no lo hicieron. El propio contador de la empresa dijo que la plata que pagaron no era una coima, que la plata que se entregó en la famosa caja de Chocolinas era plata del pago de aportes y diferencias salariales, que tenían que pagarlo y que se le entregaron los recibos de los cobros.
-En el fallo, el juez dice que no hay pruebas de que vos hayas cobrado coimas, pero que sí cobró pagos mensuales otro integrante del sindicato, de apellido Espíndola, que no fue al juicio oral porque hizo un acuerdo de juicio abreviado. ¿La empresa le pagaba a Espíndola el equivalente a un sueldo?
-No, él tenía una relación comercial con la distribuidora. Tenía un comercio y, si le hicieron pagos, calculo que fue por eso. Sí existieron, porque a esos pagos mensuales no los pudieron constatar. El fallo dice que Rey, en alguna de todas las instancias que declaró, mintió. O cuando declaró en sede fiscal, o cuando amplió la denuncia, o cuando declaró en el juicio.
-Florencia Arietto apeló tu absolución. Dijo que está dispuesta a llegar a la Corte Suprema con este juicio…
-No sé qué va a apelar si fue al juicio dos días nada más. Y los dos días se la pasó dentro del baño; no salía al baño, iba cada rato al baño. No sé cómo puede apelar algo en lo que ni siquiera participó.
-El proceso judicial, ¿afectó la actividad del sindicato de camioneros en la zona de San Nicolás, que es una zona con muchas empresas?
-Sí, hubo un avance empresarial en contra de los derechos de los trabajadores, impresionante. Hay lugares de trabajo donde los choferes no tienen ni siquiera un baño. La semana pasada, un camión de carga se quedó encajado dentro de una planta. Las condiciones que brindan las empresas, los abusos… el miedo que tiene el trabajador. Porque si me pasó a mí lo que me pasó, que soy el secretario general de la regional, ¿qué le puede pasar a un trabajador?

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