El secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), Mariano Vilar, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y alertó sobre su impacto directo en el financiamiento del sistema nacional del seguro de salud y de las obras sociales sindicales.

Según explicó el dirigente, la iniciativa oficial contempla la reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada al sistema de salud, una decisión que definió como “un ajuste encubierto” que afecta de manera directa a un esquema solidario que ya atraviesa una situación crítica. “Lejos de ser una modificación técnica, esta medida impacta de lleno en el financiamiento del sistema, en un contexto de fragilidad estructural reconocido por todos los actores del sector”, advirtió.

Actualmente, el sistema de obras sociales se sostiene a partir de un esquema contributivo compuesto por un aporte del trabajador del 3% de su salario y una contribución patronal del 6%, lo que totaliza un 9%. La reforma propone reducir ese aporte empresarial al 5%, llevando el financiamiento global al 8%.

“En términos concretos, se sustrae un punto completo del principal mecanismo de sostenimiento del sistema, lo que equivale a un 11,11% menos de recaudación para el sistema de salud”, explicó Vilar. Ese recorte, agregó, impacta de manera directa en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), “agravando la situación de las prestaciones destinadas a las poblaciones más vulnerables, sin que se prevea ninguna fuente alternativa de compensación”.

Del total de los recursos recaudados, el Estado retiene el 15% con destino al FSR, desde donde se financian prestaciones por discapacidad, subsidios automáticos como SUMA, SUMA 65, SUMARTE y SANO, y parte de las coberturas de alto costo y baja incidencia a través del sistema SURGE.

Menos recursos y más consecuencias sanitarias

Con datos oficiales correspondientes a la recaudación de agosto de 2025, el titular del SICONARA detalló que la reducción de un punto porcentual implicaría “una pérdida mensual estimada de alrededor de 16 mil millones de pesos para el Fondo Solidario y de más de 90 mil millones mensuales para el conjunto de las obras sociales”. A esto se suma el impacto del Sueldo Anual Complementario, por lo que, remarcó, “el efecto anual no es marginal: es estructural”.

Vilar subrayó que la caída de los recursos tendrá consecuencias sanitarias inmediatas. “Habrá menos fondos para discapacidad, menos recursos para los subsidios automáticos que hoy resultan indispensables para sostener un piso mínimo de prestaciones, menor respaldo para la cobertura de jubilados y una reducción en la compensación para monotributistas, cuyos aportes están muy por debajo del costo real del PMO”, enumeró.

El dirigente recordó además que el sistema ya se encuentra severamente desfinanciado por la caída de la actividad económica, el deterioro de los salarios reales y el aumento del empleo informal, mientras los costos sanitarios crecen de manera sostenida por la incorporación de nuevas tecnologías, medicamentos de alto precio y un mayor nivel de judicialización. “Las obras sociales están legalmente obligadas a brindar cobertura integral únicamente con los recursos provenientes de aportes y contribuciones, lo que las deja sin margen para absorber nuevos recortes sin afectar la calidad de las prestaciones”, afirmó.

En ese marco, también advirtió sobre el impacto en los trabajadores que derivan sus aportes a empresas de medicina prepaga. “Cuando esos aportes disminuyen, la diferencia entre el costo real del plan y lo efectivamente financiado se traslada directamente al afiliado, incrementando el pago de bolsillo sin que ello implique una mejora en las prestaciones”, explicó.

Una ofensiva contra el sistema de seguridad social

Para Vilar, la reforma laboral forma parte de “una ofensiva más amplia contra el sistema de seguridad social y contra las organizaciones que históricamente lo sostuvieron”. “Ajustar sobre las obras sociales no es una decisión inocua ni técnica: es erosionar un modelo solidario y avanzar sobre estructuras ligadas a la organización colectiva de los trabajadores”, remarcó.

Finalmente, desde su rol en la Secretaría de Acción Social de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), el dirigente expresó el rechazo del sector al proyecto y al desfinanciamiento del sistema nacional del seguro de salud, al considerar que “atenta contra el modelo solidario de cobertura sanitaria de las trabajadoras y los trabajadores”.

“El desfinanciamiento del sistema del seguro de salud no es una consecuencia colateral, sino una decisión política cuyas responsabilidades deberán ser asumidas por quienes la promuevan y la apliquen”, concluyó Vilar, al tiempo que anunció que el sector se mantiene en estado de alerta para evaluar las herramientas constitucionales necesarias “en defensa del sistema solidario de salud y de la continuidad de una cobertura médico-asistencial de calidad”.