Desde la entidad sindical denunciaron que, bajo la argumentación de achicar costos logísticos, la iniciativa legislativa profundiza la entrega del transporte por agua y pone en jaque puestos laborales nacionales, astilleros, empresas locales y la propia soberanía sobre las vías navegables.

Al respecto, la federación aclaró que no rechaza la modernización ni la competitividad, sino el desmantelamiento de la flota propia sin atender los problemas de fondo: “No nos oponemos al progreso, a la eficiencia ni a la competitividad de nuestra Marina Mercante. Por el contrario, los trabajadores estamos dispuestos a realizar los esfuerzos y asumir los compromisos necesarios para recuperar y fortalecer nuestra actividad. Hemos efectuado propuestas concretas y formales, con soluciones posibles y viables y no fueron siquiera tenidas en cuenta. Lo que no aceptamos es que, en nombre de la reducción de costos, se pretenda sustituir nuestra bandera sin corregir las asimetrías económicas, tributarias y operativas que perjudican al transporte nacional”, apunta el documento.

Uno de los tramos del documento estuvo dirigido a los mandatarios provinciales que respaldan la iniciativa parlamentaria como un alivio para la producción del interior. Bajo el subtítulo “A los gobernadores: no enfrenten a los trabajadores”, la FESIMAF cruzó los discursos que buscan enfrentar el empleo terrestre con la tripulación embarcada.

En esa línea, señalaron que resulta falaz catalogar como un conflicto aislado la defensa de los tripulantes argentinos frente a los reclamos de las economías regionales: “No existen trabajadores argentinos de primera y de segunda. Todos integramos una misma cadena productiva que comprende familias, puertos, talleres navales, proveedores, escuelas de formación y miles de empleos directos e indirectos. Defender el trabajo de unos no puede justificar la sustitución de otros por trabajadores extranjeros”.

Asimismo, los gremios marítimos lanzaron una advertencia estratégica sobre las consecuencias de desmantelar el pabellón nacional frente al predominio de flotas vecinas. “¿Qué sucederá cuando desaparezca nuestra flota y el transporte de las cargas argentinas quede concentrado en manos de empresas extranjeras, particularmente de bandera paraguaya? ¿Quién garantizará entonces tarifas competitivas? ¿Quién impedirá que esa posición dominante termine imponiendo precios y condiciones a nuestros productores y economías regionales?», cuestionaron y afirmaron que “destruir la competencia nacional para depender de un eventual monopolio extranjero no es reducir costos: es hipotecar nuestro futuro”.

Para los sindicatos marítimos, una verdadera mejora en la competitividad no se resuelve desplazando a las tripulaciones locales, sino a través de inversiones reales en infraestructura portuaria, esquemas de transporte multimodal, equiparación de cargas tributarias y una política de Estado orientada a fomentar la actividad naval. En ese sentido, exigieron tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso Nacional que cualquier debate legislativo resguarde el cabotaje nacional e incorpore a las organizaciones representativas del sector.

El pronunciamiento contó con el respaldo y la firma de los secretarios generales de los gremios que integran la FESIMAF: Mariano Vilar (SICONARA), Eduardo Mayotti (Jefes y Oficiales Maquinistas Navales), Raúl Omar Durdos (SOMU), Jorge P. Tiravassi (Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante), Mariano Moreno (Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo), Oscar Mendoza (Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales), Leandro A. Montero (SEEN), Hernán Pablo Gavito (CJONR) y Javier Pascual (Comisarios Navales).