Proveedora de Arcor y PepSiCo entró en concurso con una deuda de las de $13.000 millones de pesos: 185 trabajadores permanecen en la incertidumbre

Proveedora de Arcor y PepSiCo entró en concurso con una deuda de las de $13.000 millones de pesos: 185 trabajadores permanecen en la incertidumbre

La empresa posee 20 años de trayectoria y  produce exhibidores, estanterías y muebles que las empresas utilizan para promocionar sus productos en supermercados, kioscos y otros comercios.

Un total de 185 empleados de la Compañía Argentina de Merchandising (CAMSA), una empresa que fabrica exhibidores y mobiliario comercial Arcor y PepSiCo, entró en concurso preventivo con deudas por más de $13.000 millones. 

La firma, que tiene su establecimiento en la localidad matancera de La Tablada, reconoció ante la Justicia que la competencia de productos importados y la falta de financiamiento causaron graves problemas en sus cuentas sin posibilidad de cumplir con sus obligaciones.

La empresa posee 20 años de trayectoria y produce exhibidores, estanterías y muebles que las empresas utilizan para promocionar sus productos en supermercados, kioscos y otros comercios. Provee a grandes marcas como PepsiCo, Arcor, Quilmes, Grupo Peñaflor, CCU, Cepas Argentinas y Pernod Ricard. 

Sin embargo, en el último tiempo, algunos clientes redujeron sus pedidos por la caída del consumo y otros se atrasaron con los pagos.

En ese marco, la apertura del concurso fue dispuesta el 19 de octubre de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de La Matanza, a cargo del juez Agustín Marano. De acuerdo a la documentación, la empresa declaró deudas por $13.029,7 millones y activos por $5.383,6 millones.

Las causas de la crisis

Por este motivo, la empresa argumentó su desolador presente con la caída del consumo, el aumento de los costos y la competencia de productos importados.

Además, apuntó que la retracción de actividad del comercio minorista causó una "abrupta y prolongada caída de los pedidos por parte de los clientes", entre ellos supermercados, hipermercados, kioscos y almacenes. Igualmente, informó la existencia de una leve recuperación.

También, informó que tuvo que afrontar "la totalidad de sus costos fijos —alquileres, servicios, salarios, cargas sociales, impuestos— sin contrapartida en términos de facturación". También, padeció los incrementos en los valores de materias primas, energía y mano de obra.

Con respecto a las importaciones, mencionó el ingreso de exhibidores, estanterías y componentes plásticos y metálicos de origen asiático, que, según sostuvo, llegaron al mercado argentino "a precios sensiblemente inferiores a los costos de producción locales".

 

 

En otro orden, CAMSA no ocultó que debió reducir personal y cambiar la estructura productiva, de tal forma que anticipó su intención de "refundar la actividad de la empresa" con los 185 trabajadores que conserva actualmente, a través de un esquema que combine la fabricación nacional con la incorporación de componentes importados o adquiridos a terceros.

Posteriormente, lamentó que "el crédito razonable para las empresas PYMES NO existe", al tiempo que acusó una reducción casi total de los acuerdos bancarios para operar con descubiertos, además de los elevados intereses que debía afrontar para descontar cheques.

Además, ratificó que los primeros incumplimientos se registraron en febrero y marzo de 2026, aunque inicialmente consiguió resolverlos mediante refinanciaciones y aportes de los socios. Sin embargo, los problemas se agravaron hasta alcanzar a proveedores, bancos y organismos públicos.

En el expediente, aceptó la "imposibilidad de cancelar facturas y deudas con proveedores de insumos con los que se operaba normalmente", así como la falta de fondos para pagar cheques diferidos y cumplir con sus obligaciones impositivas y previsionales.

A la vez, informó que los planes de pago acordados con ARCA habían caducado y que el organismo le reclamaba $1.483 millones. A esto se sumaban deudas vencidas por $115,8 millones con ARBA y $694,4 millones con la Municipalidad de La Matanza.

En lo que concierne a lo estrictamente laboral, reconoció que algunos acuerdos por desvinculaciones de mutuo acuerdo no podrán cumplirse debido a la falta de fondos. Ante esta situación, sostiene que necesita el concurso preventivo para negociar quitas o mayores plazos de pago con sus acreedores y mantener la fábrica en funcionamiento.

En el caso de CAMSA, los problemas financieros comenzaron a hacerse públicos varios meses antes del concurso. En julio, trabajadores de la planta de La Tablada denunciaron atrasos en el pago de quincenas y aguinaldos, lo que derivó en un conflicto con la seccional La Matanza de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El problema impactó a 200 operarios. 

El genio que conduce Estaban Cabello también denunció problemas con los aportes laborales, la obra social y los seguros, además de despidos e incumplimientos de acuerdos alcanzados ante las autoridades laborales.

Las deudas de la empresa 

En la Justicia, CAMSA declaró un pasivo de $13.029,7 millones al 31 de julio de 2026, de los cuales $4.878,5 millones corresponden a deudas comerciales, $3.325,8 millones a obligaciones financieras, $2.500 millones a deudas sociales y $2.310,2 millones a compromisos fiscales.

La lista de sus acreedores comerciales: 

Brawin Aceros, con $436,6 millonesCompañía Sudamericana de Plásticos, con $218,6 millonesCompañía Argentina de Enchapados, con $90,6 millonesAironi Giordano e Hijos, con $89,7 millones

Por otro lado, la empresa acumula 427 cheques rechazados por $2.447,9 millones, de los cuales solamente 18 fueron abonados posteriormente, por $60,7 millones.

También, los registros del Banco Central correspondientes a septiembre muestran deudas por aproximadamente $3.210 millones distribuidas entre distintas entidades financieras. Las mayores exposiciones corresponden a:

Banco Nación, con $1.027,6 millonesBanco Provincia, con $963,5 millonesGalicia, con $368,4 millonesBanco CMF, con $363 millones

Finalmente, cabe destacar que el proceso judicial establece que los acreedores podrán verificar sus créditos hasta el 9 de diciembre de 2026. En tanto, la audiencia informativa quedó fijada para el 29 de septiembre de 2027

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