El sur de Santa Fe atraviesa su peor momento laboral en años. El aglomerado San Nicolás-Villa Constitución, corazón de la industria siderúrgica y metalúrgica argentina, registró una tasa de desempleo del 10,4% durante el primer trimestre de 2026, convirtiéndose en la región con mayor desocupación del país. El freno de la actividad fabril, que incluye paralizaciones temporarias de plantas como Acindar, se llevó por delante unos 9.000 puestos de trabajo en el conglomerado. La apertura de importaciones de acero y la caída de la obra pública y del sector automotriz aparecen como los principales motores de esta crisis productiva.

El panorama no es menos alarmante en el Gran Rosario. La tasa de desempleo alcanzó el 8,2%, superando en más de un punto el promedio nacional del 7,8%. En apenas doce meses, unas 27 mil personas se sumaron al mercado laboral, pero solo se crearon 18 mil empleos, generando 10 mil nuevos desocupados. En el último trimestre de 2025, la ciudad perdió 19 mil puestos de trabajo en solo tres meses. Incluso el Gran Santa Fe mostró un deterioro abrupto, con una tasa que saltó del 4,2% al 6,5% en un año. Hoy, más de 58 mil personas buscan trabajo sin éxito en el área metropolitana rosarina.

El viejo refugio de la economía informal también está mostrando sus límites. Durante años, las changas y los pequeños emprendimientos amortiguaban los golpes del desempleo formal, pero ese colchón ya no da más. La informalidad supera el 44% y la subocupación alcanza el 11,1%. Cada vez son más los trabajadores que, aun teniendo empleo, necesitan un segundo o tercer trabajo para sostener sus ingresos. En Rosario y Santa Fe, unas 120 mil personas buscan una «doble o triple jornada» forzada para llegar a fin de mes.

Este deterioro económico también se refleja en el debilitamiento de las redes comunitarias. Osvaldo Ortolani, histórico dirigente de Empalme Graneros, señala que Rosario llegó a tener cerca de 390 centros de jubilados, de los cuales hoy apenas sobrevive un puñado. Esa desaparición no es un dato menor: las necesidades que antes contenían esas organizaciones sociales ahora recaen directamente sobre el Estado y el sistema público de salud. La consecuencia es visible en los hospitales: más de 21 mil afiliados de PAMI son atendidos por la red pública municipal y provincial en Rosario, lo que representa casi el 7% del sistema sanitario local y refleja el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados.

Mientras las demandas sociales aumentan, con consultas por salud mental en alza y tratamientos oncológicos cada vez más costosos, los recursos provinciales y municipales siguen mostrando debilidad. Industria y comercio no logran generar el movimiento necesario para fortalecer la recaudación. El resultado es una paradoja que se profundiza día a día: el Estado debe atender una crisis que golpea con más fuerza que su propia capacidad de respuesta.